Siete de cada 10 casos de discriminación suceden en el espacio de trabajo

En la Ciudad de México, siete de cada 10 casos de discriminación suceden en el espacio de trabajo, es por eso que urge “actuar como comunidad empresarial”, afirmó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Es por eso que la CCE y el COPRED firmaron un convenio con la finalidad de contar con una perspectiva de corresponsabilidad social y general espacios laborales que garanticen la igualdad y no discriminación, en particular de aquellos grupos de la población potencialmente vulnerables de ser víctimas de discriminación como las personas indígenas, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas jóvenes y la población LGBTTTI, entre otros.

“De las quejas de discriminación, el 70 por ciento se refieren al espacio de trabajo, por eso la urgencia de actuar como comunidad empresarial”, dijo durante la firma del convenio que incluirá cursos a las empresas del CCE impartidos por el COPRED para impulsar la cultura de la no discriminación.

“Un ambiente laboral de respeto a los derechos humanos es parte de los objetivos de ética empresarial y sostenibilidad que el sector privado se ha planteado y para lo que emitió desde hace dos años un decálogo” detalló el presidente del CCE.

Carlos Salazar Lomelín puntualizó que muchas veces la discriminación “no parte de una intención o voluntad intencionada, sino son principalmente la idiosincrasia adquirida en la sociedad y la familia”, al mencionar que la Ciudad de México es la principal plaza en términos de número de empleos a nivel nacional.

Por su parte, Laura Tamayo, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del CCE, afirmó que si las empresas practican la inclusión, tienen mayor productividad y una manera de agregar valor más sofisticada, generan mayor retorno para sus colaboradores.

“Necesitamos eliminar estigmas, prejuicios. Si en las empresas se establecen protocolos sobre dos columnas: la primera, la cultura inclusiva con las etiquetas de comportamiento adecuadas y la segunda, las leyes, directrices que establezcan límites”, apuntó.

Con información de Leticia Hernández, El Financiero.↵