Adolescentes ya pueden trabajar en actividades agrícolas no peligrosas

A partir del 6 de abril,  adolescentes de entre 15 y 17 años pueden laborar en actividades agrícolas y otras más que habían sido prohibidas por considerarlas peligrosas para su edad. La reforma aprobada en febrero por el Congreso entra en vigor en medio de la visita de Julie Su, subsecretaria de Trabajo de Estados Unidos, en la que anunció más recursos para combatir el trabajo infantil en México.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación este martes el decreto por el que se reformó el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Luego de su aprobación en el Senado, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, se comprometió a crear una regulación que priorice los derechos de las y los adolescentes.

El artículo segundo transitorio del decreto indica que la STPS tendrá un plazo de seis meses para elaborar y publicar una Norma Oficial Mexicana al respecto.

“De promulgarse (la reforma), elaboraremos una NOM dentro de los plazos señalados en los transitorios que garantice: Que la reducción no implique precarizar el empleo y contener los incrementos salariales de los trabajadores mayores de edad. Que ponga por encima de cualquier otro interés los derechos de las personas jóvenes”, escribió Luisa María Alcalde en su cuenta de Twitter el 23 de febrero pasado.

Hasta 2020, previo a la crisis económica por la pandemia de covid-19 que empobreció a millones de familias y sacó a miles de estudiantes de las escuelas, en México laboraban más de 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI). De esa población, más de 2 millones lo hacen en ocupaciones no permitidas.

El sector que más ocupa la fuerza de trabajo infantil y adolescente es el campo, en esas actividades está inserto el 31.6% de los menores de edad que laboran. Para combatir este problema, el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíbe la importación de productos que tengan mano de obra de la infancia o adolescencia.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses o canadienses no se han pronunciado sobre si esta reforma pudiera violar el acuerdo comercial.

Los candados de la nueva reforma
En 2015, el Congreso mexicano reformó la LFT y elevó la edad mínima para comenzar a trabajar. En ese entonces era legal que adolescentes de 14 años tuvieran un empleo, por lo que se subió a los 15 años de edad.

La modificación incluyó protecciones para quienes no han alcanzado la mayoría de edad. El Legislativo estableció en el artículo 176 una serie de labores como peligrosas o insalubres, las cuales no podían desempeñar las y los adolescentes entre 15 y 17 años. En el numeral 8 de la fracción II indicó que entre ellas estarían las “agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca”.

Sin embargo, la reforma aprobada en febrero le agrega una excepción a ese numeral. Esas seis actividades estarán prohibidas sólo si implican “el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente”.

Para organizaciones de los derechos de la infancia y la adolescencia, esta decisión ha significado un revés para la erradicación del trabajo infantil.

De acuerdo con las investigadoras Fernanda Martínez Flores y Mireille Kozhaya, del Instituto Renano-Westfalia de Investigación Económica de Alemania (RWI), haber elevado la edad mínima de trabajo disminuyó la tasa de trabajo infantil en 16 por ciento.

Las autoras del reporte Prohibiciones de trabajo infantil, empleo y asistencia escolar: Evidencia de cambios en la edad mínima para trabajar encontraron que la reforma también ayudó a que se mantuvieran estudiando. La matrícula escolar aumentó 2 por ciento.

En la mira de Estados Unidos
Este martes, en su visita oficial a México, la subsecretaria del Trabajo de los Estados Unidos Julie Su anunció una nueva inversión de 28 millones de dólares en el país “para apoyar el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, la promoción de la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva y la eliminación del trabajo infantil y forzado”.

Los recursos se repartirán de esta manera:

5 millones de dólares para la organización Social Accountability International para combatir el trabajo infantil y forzoso y apoyar en producciones de tomate y chile en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.
13 millones de dólares para un proyecto en asociación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para abordar el trabajo infantil y el trabajo forzoso a nivel federal, y la trata de personas con países centroamericanos.
Un premio de 10 millones de dólares para Solidarity Center para fomentar la democracia sindical, fortalecer la representación de los trabajadores y apoyar a las organizaciones de trabajadores.

El último Reporte sobre Trabajo Infantil, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a finales de 2021, señala que “en 2020, México realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de trabajo infantil”.

Sin embargo, indica, “los niños también realizan tareas peligrosas en la agricultura, por ejemplo, en la producción de chile, café, caña de azúcar y tomates. La pandemia de covid‐19 afectó gravemente la economía mexicana y llevó a un aumento marcado del número de niños que realizan trabajo infantil”.

En la discusión de la reforma, productores y legisladores aseguraron que, debido a la prohibición para trabajar en el campo, muchos adolescentes han preferido incorporarse al crimen organizado. “Es una salida fácil decir que por el número de restricciones que pusimos, los jóvenes van a ser delincuentes”, dijo  la investigadora Fernanda Martínez.

“Me parece interesante la relación que hacen de agricultura y crimen, pero no hay pruebas científicas que demuestren que eso sea cierto”, apuntó.

Con información de Blanca Juárez, El Economista.↵