Golpe a la Impunidad: Fortaleciendo la Seguridad y la Justicia en México

México ha dado un paso importante en la lucha contra el crimen organizado con la entrega de 29 generadores de violencia al gobierno de Estados Unidos. Este operativo, ejecutado con respaldo legal y coordinación entre diversas instituciones, es resultado de la iniciativa de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha fortalecido y llevado a la acción para consolidar una política de cero impunidad en el país.

José Luis Rodríguez Díaz de León.
Columna invitada.
El Heraldo de México.
03 de marzo de 2025.

La medida responde a una realidad preocupante: durante años, estos criminales lograron evadir la justicia debido a la complejidad de los procesos judiciales y, en algunos casos, a decisiones de jueces que prolongaron sus extradiciones mediante amparos o tecnicismos procesales. Además del traslado de estos delincuentes, el gobierno mexicano ha aplicado el decomiso de sus recursos y el congelamiento de cuentas bancarias, asegurando que no puedan seguir operando ni financiando redes criminales desde prisión.

El traslado de estos delincuentes no fue un acto improvisado, sino una decisión estratégica del Estado mexicano. Se trata de criminales vinculados a delitos de alto impacto como narcotráfico, lavado de dinero, homicidios y tráfico de armas, algunos con más de 40 años operando con impunidad, beneficiándose de un sistema judicial que permitió que sus procesos se prolongaran sin una resolución definitiva.

El operativo movilizó a más de tres mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, garantizando un traslado seguro y sin incidentes. La coordinación entre el Gabinete de Seguridad, liderado por Omar García Harfuch, y la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, fue clave para su éxito.

Si bien esta acción representa un avance en la estrategia de combate al crimen, también abre preguntas necesarias: ¿Por qué estos procesos se estancaron por años? ¿Qué se necesita para evitar que delincuentes de este calibre vuelvan a operar con impunidad dentro del país? Más allá del traslado de estos criminales a Estados Unidos, el reto de fondo sigue siendo fortalecer las instituciones de justicia en México para que no se repitan estos casos.

En este sentido, la reforma para la elección popular de jueces, magistrados y ministros impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum cobra aún más relevancia. Durante décadas, la corrupción y la falta de transparencia en el Poder Judicial han permitido que criminales con expedientes graves evadan la justicia o retrasen indefinidamente sus procesos, beneficiándose de un sistema que pocas veces rinde cuentas ante la ciudadanía.

La elección democrática de quienes imparten justicia no solo brindaría mayor legitimidad y control ciudadano sobre su actuación, sino que también reduciría la influencia de intereses ajenos a la justicia en las decisiones judiciales. Para evitar que el sistema judicial se convierta en un obstáculo en la lucha contra la impunidad, la reforma contempla mecanismos de evaluación constante, rendición de cuentas y supervisión ciudadana. No se trata solo de votar por jueces, sino de asegurar que su desempeño sea revisado y que respondan a los principios de justicia y legalidad, no a intereses privados.

Casos como los de estos 29 criminales, cuyos procesos estuvieron detenidos por más de una década, demuestran que el problema no radica únicamente en la captura de delincuentes, sino en la capacidad del sistema judicial para castigarlos de manera eficaz y oportuna. De nada sirve detener a los criminales si pueden encontrar jueces dispuestos a retrasar sus procesos o dejarlos en libertad. Si el Poder Judicial no se fortalece y depura, el trabajo de las fuerzas de seguridad seguirá siendo insuficiente.

Sin embargo, la reforma judicial no es la única solución. Para garantizar una justicia eficaz, también es necesario fortalecer las fiscalías, garantizar una mejor capacitación de jueces y reformar el marco legal para evitar lagunas que permitan la impunidad. La captura y el traslado de estos 29 criminales son solo una parte del proceso; el verdadero reto es construir un sistema de justicia capaz de sancionar a los delincuentes sin dilaciones ni obstáculos legales innecesarios.

Desde su llegada a la Presidencia, Claudia Sheinbaum ha sostenido que la seguridad será una prioridad en su gobierno. La continuidad de esta estrategia, junto con ajustes necesarios, será fundamental para garantizar que la lucha contra el crimen no dependa únicamente de operativos de alto impacto, sino también de una justicia eficaz y un sistema de prevención robusto.

La entrega de estos 29 criminales es un mensaje claro de que México no será un refugio para la impunidad, pero también es un recordatorio de que la seguridad requiere más que acciones aisladas: demanda instituciones sólidas, procesos judiciales efectivos y cooperación internacional basada en el respeto a la soberanía nacional. El país ha dado un paso firme, pero la verdadera transformación dependerá de que estas medidas se mantengan y evolucionen.

México ha dado un paso firme en el combate al crimen organizado, pero el desafío no termina aquí. La gran pregunta es si el sistema judicial tendrá la capacidad y voluntad para consolidar este avance, garantizando que la justicia no solo sea expedita, sino también incorruptible.

Sigamos trabajando para que nadie se quede atrás.

Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León
Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

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Publicado en El Heraldo de México.↵