Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura abre atención a víctimas
Ciudad de México.- Agradezco la oportunidad reciente de poder compartir con las y los lectores de Capital CDMX, mi opinión sobre diversos temas que implica el encargo legislativo de quienes integramos el primer Congreso de la Ciudad de México.
Capital CDMX.
José Luis Rodríguez Díaz de León.
1 de octubre de 2018.
El 17 de septiembre de 2018 quedó instalado de manera formal el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, producto de luchas históricas de quienes habitamos esta ciudad y que en distintos momentos hemos generado procesos importantes para lograr la reforma política que nos reconozca derechos plenos en materia de participación política y de construcción legislativa como integrantes de la Federación.
Les comparto que múltiples son las razones que hoy tenemos para sentir alegría y también enorme responsabilidad por el inicio de transformación jurídico-política del poder legislativo que nos corresponde encabezar, en primer término debo reconocer que me enorgullece ser parte del grupo parlamentario de Morena y de igual manera me emociona ser integrante del primer Congreso Paritario en nuestra Ciudad.
Quiero compartir con ustedes que en los primeros quince días de trabajos realizados, en este primer periodo ordinario de sesiones, y una vez que ha entrado en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, pienso que existen elementos suficientes para señalar que ha iniciado de manera correcta el proceso de transformación política de nuestra Ciudad.
Con un número importante de legisladoras y legisladores nos unen anhelos de paz, de cambio y de transformación profunda y por ello, entre los temas que hemos impulsado de manera inicial se encuentra el de atención a víctimas.
Estamos claros que los niveles de descomposición y violencia con los que estamos recibiendo esta ciudad, nos obliga a todos y todas a poner el mayor de los talentos para lograr la suma de voluntades que nos conduzcan de manera correcta a un proceso de pacificación que atienda todos los elementos que ello requiere.
De tal suerte, que las historias que nos unen, nos llevaron a reflexionar que es fundamental acelerar el paso en la reforma del régimen de organización interna con el que vamos a legislar en este Congreso, no esta demás señalar que su diseño se pensó por fuerzas políticas que hoy no representan a la mayoría y que eso nos da pauta para que la voluntad ciudadana reflejada en las urnas el pasado primero de julio, comience a dar resultado en favor de la población.
Para ello, comparto que nos dimos a la tarea como grupo parlamentario de Morena, de presentar una serie de propuestas de reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para legislar bajo un modelo de atención que atienda el principal objetivo de poner el esfuerzo en temas de primer orden, respecto a procesos de análisis y dictamen que son competencia de las denominadas comisiones de carácter legislativo.
Es importante reconocer que el análisis de la reforma presentada, contó con la participación de legisladoras y legisladores de distinta extracción partidista, lo cual nos permitió llegar al consenso en la construcción del correspondiente dictamen legislativo que fue presentado ante el Pleno del Congreso, mismo que contempla la creación de una comisión de análisis y dictamen legislativo, cuya finalidad y principal tarea es la de generar las herramientas necesarias para la construcción del marco jurídico que de sustento y viabilidad a la trasformación democrática de la Ciudad de México en el ámbito de la atención que requieren las víctimas en nuestra Capital.
Sin duda alguna dentro de las tareas consideradas como fundamentales para la cuarta transformación de nuestro país, se encuentra el cambio de paradigma en el proceso de atención a víctimas, lo que nos obliga a que el poder legislativo actúe a la altura de la realidad que hoy nos corresponde atender.
Hace algunos años que el órgano legislativo en la capital dejó de tener un papel central en los avances que la población requiere, llegó incluso a niveles en los que su función se enfocó únicamente a diseñar mecanismos de incremento presupuestal y reparto de recursos de manera indeterminada y sin control alguno, de lo cual daremos cuenta en otras entregas, ahora nuestra participación, tiene como eje central compartir la importancia que reviste la creación de una comisión de carácter parlamentario de análisis y dictamen enfocada a la Atención a las Victimas en el Congreso de la Ciudad, lo cual nos permite colocarnos al frente, respecto a cualquier Congreso Estatal en la República Mexicana y nos permite además sentar las bases para la construcción del marco normativo que dé inicio a la discusión, respecto a qué modelo de atención es el que necesitamos los capitalinos para las víctimas.
Durante décadas, no habíamos presenciado una sacudida de sistema con la fuerza popular como la que estamos viviendo, esa conmoción del sistema nos brinda la oportunidad de redimensionar el papel del derecho frente a los grandes males que nos aquejan como sociedad.
Hoy en día, en el artículo Sexto transitorio del decreto de reforma de la Ley General de Víctimas de 3 de enero de 2017, se anuncia un régimen transitorio de atención que está a cargo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, hasta en tanto se instale de manera formal la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, esto es con el fin de que las víctimas no queden desprotegidas durante el tiempo necesario para darle viabilidad a los órganos necesarios para su atención.
La creciente anomia en la Ciudad de México, ha sido generada en gran medida por la baja capacidad de la ahora extinta Asamblea Legislativa, esta crisis que vivimos, se agrava con la inflación legislativa generada por ese órgano que ha llegado a su fin.
Dentro de las tareas de primer orden que tenemos en el Congreso de la Ciudad, se encuentra la de velar porque la Secretaría de Gobierno de la Ciudad cumpla con sus funciones transitorias, y que nos permita atender las necesidades especiales que se requieren para el tema que nos ocupa, particularmente las técnicas, presupuestarias y el acompañamiento para la pronta instalación de la Comisión Ejecutiva.
Desde la Comisión de Atención a Víctimas del Congreso habremos de velar por la adecuada instalación del Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad. Debemos avanzar para definir con claridad que la comisión que nos hemos dado, debe llevar la representación del Congreso ante el propio Sistema de Atención Integral a Víctimas.
Entre las tareas que debemos desarrollar las legisladoras y legisladores que integramos la comisión, se encuentra, sin duda alguna, la de generar el proceso y dictamen que presentaremos al Pleno en el que se ponga a consideración la designación de quien será Titular de la Comisión de Víctimas y de su respectiva Asamblea, cuidando en todo momento que se garantice la representatividad, participación y empoderamiento conjunto de las víctimas y personas expertas en su atención.
Dentro de las tareas que realizaremos se ubica la de trabajar de manera transversal con otras comisiones de carácter legislativo para poder garantizar la adecuada asignación de recursos presupuestarios para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México, así como el diseño de rendición de cuentas y de los mecanismos de auditoría para su correcto ejercicio.
De tal suerte, que estaremos en posibilidades reales de proyectar la instalación de la Comisión Ejecutiva para el ejercicio 2019, será necesario promover que el Presupuesto de Egresos 2019 a discutirse y aprobarse a finales de este año, para incluir recursos suficientes para el establecimiento del Fondo de mérito, el cual deberá seguir las reglas previstas en el artículo 157 Ter de la Ley General de Víctimas.
Nuestra tarea también debe atender con claridad el diseño de Asesoría Jurídica que prevén tanto la Ley General como su equivalente local en la materia, y que tiene como propósito garantizar el derecho de acceso a la justicia en el marco de los principios constitucionales que animan el sistema de justicia mexicano, tanto por lo que hace a la protección de derechos humanos como de bienes jurídicos tutelados por el derecho penal.
En ese sentido, debemos tener presente que una de las reformas constitucionales que mayor relevancia ha tenido en años recientes para la protección del derecho de las víctimas a la justicia, es la de 18 de junio de 2008, que prevé en su artículo 20 apartado C, entre otras cosas, que la víctima podrá impugnar las actuaciones y omisiones del Ministerio Público y, en general, mantener una posición autónoma en el proceso con respecto a la autoridad ministerial.
Ello requiere que pongamos énfasis en la homologación de criterios, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que nos permita garantizar que las personas responsables de la asesoría jurídica, actúen bajo protocolos de atención que eviten la multiplicidad de criterios y la deficiencia en la asesoría para las víctimas en nuestra ciudad.
El tener como obligación de carácter constitucional el modelo de Congreso Abierto nos lleva a generar una labor eminentemente política, para lograr la viabilidad de las instituciones encargadas de la atención de las víctimas en la Ciudad de México, en donde podamos avanzar en la construcción de espacios de participación conjunta, diálogo y acuerdo con colectivos de víctimas y organizaciones especializadas en su defensa.
Como pueden dar cuenta estimados lectores, el proceso de transformación requiere dialogo permanente y la participación activa de la ciudadanía para que podamos juntos trabajar en la construcción de la Ciudad en la que queremos vivir y desarrollar nuestras actividades de mejor manera.
#NoLesVamosAFallar
Publicado en Capital CDMX.↵
Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Derecho Constitucional, también por la UNAM y cuenta con una especialidad en Derechos Humanos. Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México (2018-2021) Como parte de su trabajo en la Academia y la Enseñanza, se ha desempeñado también como Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México.
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