Hace unos días presentamos en el Congreso de la CDMX una iniciativa que tiene por objetivo adicionar artículos transitorios a la Ley de Participación Ciudadana y al decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, con el fin de posponer la ejecución del Presupuesto Participativo debido a las dificultades para realizar obras de mantenimiento y rehabilitación de los espacios públicos de forma adecuada, a causa de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2.

Reforma
José Luis Rodríguez Díaz de León
17 de julio de 2020.

Es importante resaltar que el Presupuesto Participativo es un instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

En este sentido, derivado de la contingencia sanitaria a causa del Covid-19 y de acuerdo con información de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del IECM, no se realizaron consultas en 48 pueblos y barrios originarios, debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo determinó.

Es de señalar que en algunas Unidades Territoriales no se realizó la jornada electiva, en otras no se contó con ningún proyecto a consultar, algunos de los proyectos que se consultaron no recibieron opinión alguna o existe empate en primer y/o segundo lugar en los ejercicios 2020 y 2021. Tampoco se han podido conformar los Comités de Ejecución y Vigilancia, ya que estos deben ser electos en asamblea en las 1,735 Unidades Territoriales en donde existen proyectos ganadores.

Por ello, surge la necesidad de brindar a la ciudadanía mejores condiciones para la aplicación del Presupuesto Participativo para que pueda llevarse a cabo un proceso claro donde las y los capitalinos puedan ser parte de la toma de decisiones, sin que ello represente poner en riesgo su salud o la de sus cercanos.

En el contexto actual es muy probable que no se puedan llevar a cabo las asambleas para la elección de los Comités de Ejecución y Vigilancia antes mencionados, y eso podría representar muchos problemas en el futuro, presionar a que se ejecute el presupuesto sin tener las condiciones para ello sería más problemático.

El espíritu de la iniciativa trata de ponderar el derecho a la salud y la vida, garantizando en todo momento el bienestar social, ya que, derivado de las condiciones de emergencia existentes, se considera poco viable que la ciudadanía realice trabajos y contrataciones para obra o mejoras urbanas.

Hay que recordar que combatir la emergencia sanitaria es una labor que nos corresponde a todas y todos, desde los más altos niveles de Gobierno hasta cada integrante de las familias mexicanas, por ello, debemos unirnos y trabajar en conjunto.

El Presupuesto Participativo es un derecho ciudadano y en ningún momento pretendemos su eliminación, sin embargo, la coyuntura actual nos demanda ser responsables y poner por encima de todo, la salud de todas y todos, por lo que será necesario ponerlo en pausa hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, es decir, posponer su ejecución para el primer semestre 2021 y que el segundo semestre del 2021 se ejecute el de ese año.

Por último, cabe mencionar que la iniciativa que será analizada en las Comisiones Unidas de Presupuesto y Participación Ciudadana y la propuesta estará a revisión para que todas y todos puedan opinar.

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