Foro “El Uso de la Fuerza y la Participación Ciudadana en la Policía”

El legislador José Luis Rodríguez (MORENA) indicó que la Ciudad de México es la entidad del país en la que se realiza el mayor número de protestas sociales.

Congreso de la Ciudad de México

16 de julio de 2020

Las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Derechos Humanos, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso capitalino realizaron este jueves el foro virtual “El uso de la fuerza y la participación Ciudadana en la Policía”.

Al inaugurar el encuentro, la diputada Leticia Varela Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, indicó que, a consecuencia de los acontecimientos ocurridos por el exceso del uso de la fuerza por parte de elementos policiales a nivel mundial, nacional y local de las últimas semanas.

“Nos pareció de suma importancia traer a este Congreso a tres especialistas en la materia, cuya experiencia será de gran utilidad para el trabajo legislativo que las y los diputados habremos de realizar próximamente en este tema. El protocolo de actuación en materia de protestas sociales ya está en proceso, en cuanto se tenga el primer borrador lo haremos llegar para su análisis y discusión”, dijo.

La también legisladora por MORENA destacó el trabajo realizado en la elaboración de la Ley de Seguridad Ciudadana local, y aseguró que el reto que tienen tanto autoridades locales, como legisladores, “es dignificar la figura del policía, la armonización de la normatividad local con la nacional en materia de uso de la fuerza; y seguir priorizando la capacitación de los elementos policiacos, pues se tiene registro de que en seis de cada 10 detenciones, existe alguna violación de derechos humanos“.

En su intervención, el diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, destacó la labor del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, como una instancia para la protección de los grupos de atención prioritaria y las personas que ejercen su derecho a la protesta y la libertad de expresión.

El legislador de MORENA informó que entre 2013 y 2017, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido ocho recomendaciones relativas al control de multitudes y marchas.

Confió en que este foro contribuirá a regular el uso legítimo de la fuerza por parte de la autoridad, no como instrumento de control frente a la protesta y la resistencia, sino como respuesta última ante la falta de disuasión o diálogo.

Calificó a este foro como “la oportunidad de observar que frente a la protesta, la primera acción es la comprensión ante posibles afectaciones a la autoridad, la disuasión como método de interacción y en el último de los escenarios, el uso de la fuerza con proporcionalidad frente a la persona infractora”.

Por su parte, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León (MORENA), consideró que este es un tema muy importante para la Ciudad de México, ya que es la entidad del país en la que se realiza el mayor número de protestas sociales, en las que se tienen que garantizar distintos derechos; “por un lado el derecho a manifestarse, que para mí es muy importante pues busca la reivindicación o restitución de algún derecho vulnerado, pero también está el derecho de quienes no participan en la protesta social, además de tener que salvaguardar el espacio público y privado”, señaló.

Actualmente, en el Congreso local se tienen diversas iniciativas de ley en la materia –indicó Rodríguez-; “próximamente estaremos analizando la pertinencia de la abrogación o actualización del marco jurídico en este tema. Me parece que será fundamental contar con la participación de la ciudadanía, del gobierno local, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como de especialistas, ya que eso nos permitirá crear un ordenamiento que garantice que esta ciudad siga siendo una ciudad de libertades y que se puedan ejercer a plenitud nuestros derechos”.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) consideró que la realización de este tipo de foros contribuye a fortalecer las tareas legislativas en materia de seguridad del Congreso local. Cuestionó los índices de letalidad, los avances y características del nuevo protocolo policial de la SSC CDMX, que aún no ha sido presentado.

En la SSC se busca “reconciliar la ley con la operación”

Bernardo Gómez del Campo, especialista, investigador y funcionario con 30 años de experiencia en áreas de seguridad pública, aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ha comenzado una nueva forma de trabajo, en la que se busca “reconciliar la ley con la operación” y hacer operativos los derechos humanos, para que sean un hábito entre todos los policías, aprendido desde la academia.

El actual subsecretario de Desarrollo Institucional de la SSC CDMX indicó que “la presencia es el primer uso de fuerza racional y esa presencia tiene que ver con cómo un policía se presenta ante un ciudadano”, seguida de un buen comando verbal en su interacción con la población, un posterior contacto corporal y uso de las manos para la contención y conducción de personas, uso de armas intermedias para contener la violencia y agresividad, y sólo como un último eslabón, el uso de armas letales.

Durante su participación, Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, detalló que a partir de 2008, se ha evolucionado en la legitimación y reglamentación del uso de la fuerza en la capital del país, “actualmente contamos con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y tenemos una Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, en la que se establecen las bases y mecanismos para garantizar la paz ciudadana y se pondera la solución pacífica de conflictos”.

Al referirse a la creación de un nuevo protocolo de actuación en materia de protestas sociales, coincidió en la importancia del acompañamiento de la ciudadanía, e indicó que se debe armonizar la normatividad local con la Ley Nacional sobe el Uso de la Fuerza.

“Se deben establecer parámetros de actuación policial; construir un marco legal que garantice todos los derechos involucrados; trabajar bajo los principios generales del uso de la fuerza apegados a los principios de legalidad y redición de cuentas; priorizar la protección del derecho a la protesta social, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Asimismo, “defender la integridad de las personas, el patrimonio, instalaciones, monumentos históricos y bienes; la libertad de expresión; la no represión; el no abuso policial, mantener el orden público y la seguridad ciudadana; “ambién debe existir la protección de las y los policías; su capacitación; mejores esquemas de operación y erradicar la corrupción”, explicó Guerrero Chiprés.

Informó que a partir de julio de 2019, se crearon las Comisiones Ciudadanas contra la Corrupción Policial y Violencia a Mujeres Policías de la Ciudad de México, cuyo objetivo es contribuir en erradicar la corrupción dentro de las corporaciones policiacas, así como acompañar a las mujeres policías que sean sujetas de malas prácticas y a quienes se les vulneren sus derechos, “por primera vez existe una comisión de este tipo en América Latina, misma que controlan los ciudadanos y únicamente acompañan las autoridades locales”.

Miguel Garza Flores, consultor, catedrático y funcionario en áreas de seguridad, se refirió en su ponencia a la importancia de la supervisión civil de la policía, con mecanismos específicos para cada institución y con monitoreos a los procedimientos y programas de entrenamiento.

Comentó que conforme a un diagnóstico de 2017, sólo cinco estados de país tenían una ley para regular el uso de la fuerza, entre los que está la Ciudad de México, donde el 39 por ciento de los abusos policiales se relacionan con faltas administrativas y 22 por ciento con la vigilancia policial en eventos masivos.

Asimismo, resaltó la importancia de que las agrupaciones policiales cuenten con modelos adecuados para el uso de la fuerza.

Con información del Congreso de la Ciudad de México