Un paso más en el combate a la corrupción

Se han constituido 374 fideicomisos públicos a nivel federal, con dinero público, lo cual representa erogaciones superiores a 835 mil mdp

El Heraldo de México
Columna Invitada
José Luis Rodríguez Díaz de León
12 de octubre de 2020

La desaparición de 109 fideicomisos es, sencillamente, quitar del camino obstáculos generados institucionalmente para dificultar la transparencia y la rendición de cuentas en México.

En días recientes se ha generado un caluroso debate en torno a la modificación legal de los fideicomisos que venían

operando en México, y que fueron constituidos por los gobiernos anteriores como una opción legal parta desaparecer y desviar el dinero público.

La razón gira en torno a la opacidad y la corrupción que, en algunos casos, se ha generado en el manejo de los recursos que le pertenecen a las y los mexicanos, además de que existe evidencia de discrecionalidad y de opacidad en múltiples ejemplos, todos, sin consecuencia alguna.

Se han constituido 374 fideicomisos públicos a nivel federal, con dinero público, lo cual representa erogaciones superiores a 835 mil millones de pesos. Lo peor, es que la mayor parte de ellos no tienen estructura administrativa interna que permita su seguimiento y fiscalización; lo cierto es que el destino y la operación de los recursos se convirtió en una verdadera simulación.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2019 existían 357 fideicomisos públicos federales o mixtos, de éstos, 18 son entidades paraestatales. La Auditoría Superior de la Federación detectó el año pasado que en estos fideicomisos había falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, además de subejercicios superiores a 70%, que no se reintegraban a la hacienda pública y cuya normatividad en algunos casos era jurídicamente insustentable.

La naturaleza de los fideicomisos “mixtos” resulta en una ambivalencia; por una parte, los recursos tienen origen en lo público, pero las reglas con que operan son esencialmente de naturaleza privada y al encontrarse reglas de una y otra naturaleza, se advierten ambigüedades, antinomias e, incluso, discrecionalidad, por lo que la trasparencia y la rendición de cuentas de sus actos encuentra un terreno árido para su materialización.

La reforma aprobada nos va a permitir avanzar para terminar con la opacidad, terminar con la discrecionalidad, avanzar en un verdadero mecanismo de rendición de cuentas que nos beneficia a todas y todos, el esfuerzo legislativo fue encaminado a eliminar esos casos de corrupción institucionalizada.

Debemos precisar que en Morena estamos a favor de la cultura, de la ciencia, del deporte, de los avances tecnológicos, del fortalecimiento de los Derechos Humanos, de la eliminación de las barreras y brechas de desigualdad que aún persisten y que nos impiden acceder a una vida digna.

Pero estamos absolutamente en contra de seguir avalando y permitiendo los privilegios que sólo beneficiaron a unos cuantos, al amparo de los recursos públicos, y que sólo dieron como contraprestación el fortalecimiento a la corrupción y el desvío de miles de millones de pesos sin responsabilidad alguna. El Presidente de México ha sido absolutamente claro. Esta acción legislativa es para terminar con los privilegios y para seguir avanzando en eliminar la corrupción, de tal suerte que por supuesto, a favor de las acciones instrumentadas en esta materia.

Publicado en El Heraldo de México.

 

JLRDDL

Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Derecho Constitucional, también por la UNAM y cuenta con una especialidad en Derechos Humanos. Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México (2018-2021) Como parte de su trabajo en la Academia y la Enseñanza, se ha desempeñado también como Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México.

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