Día mundial de la justicia social

El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas declara que, a partir de su sexagésimo tercer período de sesiones, en su resolución A/RES/62/10, decide proclamar el 20 de febrero de cada año Día Mundial de la Justicia Social.

La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.

Asimismo, la justicia social pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad. Ahora bien, para lograr dichos objetivos es necesario conservar y desarrollar los siguientes derechos fundamentales: educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, igualmente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, además, fortalecer la seguridad y certeza jurídica. Por último, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición económica.

De igual forma podemos puntualizar que el logro de esta justicia social está también estrechamente vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

Tema 2021: Un llamamiento a la justicia social en la economía digital

La economía digital está transformando el panorama laboral. Durante la última década, la expansión de la conectividad de banda ancha, la nube informática y los datos han llevado a la proliferación de plataformas digitales, que han penetrado en varios sectores de la economía y la sociedad. Desde principios de 2020, las consecuencias de la pandemia por COVID-19 han propiciado acuerdos de trabajo a distancia y han permitido que la actividad de muchas empresas pueda seguir adelante, reforzando aún más el crecimiento y el impacto de la economía digital. La crisis también ha puesto al descubierto y exacerbado la creciente brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y entre los propios países; en particular, en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a Internet, lo que ha agravado las desigualdades existentes.

Las consecuencias de la pandemia por COVID-19 están exponiendo los riesgos y las desigualdades de los trabajadores que trabajan en plataformas basadas en la ubicación.

Las empresas tradicionales, por su parte, se enfrentan a la competencia desleal de las plataformas ya que muchas, por su carácter novedoso, no están sujetas a regulaciones en cuanto a la fiscalidad, otras obligaciones o a la gestión de la mano de obra. Otro de los problemas con los que se encuentran es la necesidad de fondos para financiarse y poder adaptarse continuamente a las transformaciones del mundo digital.

Con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.

 

JLRDDL

Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Derecho Constitucional, también por la UNAM y cuenta con una especialidad en Derechos Humanos. Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México (2018-2021) Como parte de su trabajo en la Academia y la Enseñanza, se ha desempeñado también como Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México.

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