En el resto del país la libertad sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y personas gestantes está en manos de legislaciones fundamentalistas e incongruentes.

Por @redefinecdmx
Animal político

El 24 de abril la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por voluntad hasta la 12a semana de gestación, cumple 14 años en la Ciudad de México. Desde el 2007, según cifras oficiales de la SSCDMX, 231,901 mujeres y personas gestantes mexicanas y extranjeras, han ejercido su derecho a decidir sin poner en riesgo su salud e integridad haciendo uso de los servicios públicos de salud.

Lo anterior es resultado de un sinfín de acciones diversas, como la protesta en las calles, esa que incomoda y que dicen que no hacían “las feministas de antes”; la reivindicación de lo político cuando hablamos de lo personal; la vinculación entre el sector social y académico, y muchas otras.

No obstante, la realidad desprendida de esta victoria feminista no abarca al resto de las entidades federativas –con excepción de Oaxaca–, en donde la libertad sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y personas gestantes está en manos de legislaciones fundamentalistas e incongruentes. Por esta razón, la celebración del aniversario de la ILE en la CDMX, es un buen pretexto para seguir hablando de los pendientes en el resto de los estados donde el aborto todavía tiene restricciones. Lo anterior necesariamente implica hablar de cualquier recurso que posibilite a las mujeres y personas gestantes acceder a un aborto por alguna razón particular.

En México existen ciertas causales dictaminadas al interior de cada estado y establecidas en sus códigos penales, que permiten a las mujeres acceder a un aborto legal. La causal violación es la única causal disponible para todos los estados y está sustentada en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM 046), sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres. Esta es una regulación técnica de carácter obligatorio para entidades públicas y privadas del país, cuya finalidad es establecer objetivos de detección, prevención, atención médica y orientación a las víctimas de violencia familiar y sexual. Derivada del indignante Caso Paulina –correspondiente a una mujer víctima de violación a quien le fue negado su derecho a interrumpir su embarazo–, la norma es una herramienta que desde el 2016 permite acceder a un aborto legal, seguro y gratuito en caso de violación en todo el país sin necesidad de una previa autorización por parte de una autoridad competente.

Ahora bien, a pesar de la existencia de mecanismos legales de aplicación federal y obligatoria como la NOM 046 y las causales, existen aun muchos obstáculos para garantizar el acceso al aborto legal. Entre ellos, el desconocimiento de la legislación vigente por parte de las autoridades pero también de las personas que podrían necesitar los servicios que ofrece la NOM-046; la falta de voluntad política para la correcta aplicación de las rutas de atención y de las demás causales; la falta de personal no objetor de conciencia en las instituciones de salud; la proliferación de iniciativas regresivas a lo largo del país para “blindar” la vida desde la concepción; la solicitud de requisitos innecesarios por parte del personal de salud, y uno muy reciente: la pandemia de COVID-19.

A pesar de todo esto, la realidad es que las mujeres siguen abortando y es cada vez más necesario hablar de las colectivas de acompañamiento y doulas, quienes, al igual que las mujeres y personas gestantes, se ven afectadas por la las barreras legislativas y la  criminalización del aborto, poniendo a ambas partes en una situación de riesgo.

Las colectivas de acompañamiento atienden a mujeres y personas gestantes cuando el Estado, ya sea por ausencia, falta de voluntad o por un marco legal prohibitivo, les impide interrumpir su embarazo de manera legal.  Estas redes cuentan con protocolos creados a partir de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de garantizar abortos no sólo de manera segura, sino con empatía, aún en contextos de criminalización.

Su labor es indispensable en contextos donde la mujer o persona embarazada, que por su situación socioeconómica o geográfica, no tiene la oportunidad de trasladarse a una centro de salud que realice este procedimiento o bien, cuando su caso no es considerado dentro de ninguna de las causales. Asimismo, la presencia de las colectivas dentro de la propia CDMX, es un indicador de la desigualdad existente entre centro y periferia en cuanto al acceso a la ILE.

En conclusión, las mujeres y personas gestantes abortamos, sea legal o no;  el debate son las condiciones en las que lo hacemos. Por ello, es muy importante celebrar los 14 años de la ILE, celebrar la organización y la lucha, sin dejar de reconocer que aún hay pendientes legislativos en el resto de los estados que causan que el día de hoy sigamos siendo criminalizadas por ejercer autonomía sobre nuestros cuerpos, y por elegir otro camino que no sea la maternidad.

El objetivo al que apuntamos quienes estamos a favor del derecho a decidir es despenalizar el aborto a nivel nacional. No luchamos contra la clandestinidad, pues que el aborto sea clandestino no significa que sea inseguro, luchamos por nuestra autonomía, porque ¡MI CUERPO ES MÍO, YO DECIDO!

 ⁽¹⁾ Aunque la NOM 046 se publicó en 2005, fue hasta 2016 que se reformó para establecer que  las víctimas de violencia sexual pudieran acceder a un aborto legal, seguro y gratuito sin previa autorización y sin denunciar ante el Ministerio Público.

⁽²⁾Algunas colectivas que pueden encontrarse fácilmente en redes sociales son: MorrasHelpMorras; ILE Sinaloa; Las Borders; Fondo MARIA; Michis Aborteros; Ddeser; Bloodys.

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