Llaman a Congreso de la Unión a aprobar la “Ley Olimpia”

A fin de fortalecer el avance legislativo y socio-cultural para reconocer la violencia digital como un problema y sancionar los delitos contra la intimidad sexual, sobre todo en favor del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en todo el país, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León presentó un punto de acuerdo, para exhortar la Cámara de Diputados a fin de que en el ámbito de sus facultades continúe con el proceso legislativo del Dictamen con proyecto de Decreto, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, denominada, como “Ley Olimpia”.

Leobardo reyes.
El Día.
29 de abril de 2021.

Rodríguez Díaz de León expuso que “actualmente con las reformas a las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a los códigos penales de 29 estados, se ha puesto sobre la agenda pública la violencia contra las mujeres en los espacios digitales, lo que ha generado no sólo cambios legislativos sino discursivos, sociales, culturales y estructurales en el tema. Una lucha que inició en 2014, pero que se materializó en la primera aprobación de Ley Olimpia Puebla en 2018”.

Señaló, las reformas conocidas como Ley Olimpia son el resultado de la lucha del movimiento feminista en todo el país, y en la Ciudad de México se trata de dos ordenamientos jurídicos que se modificaron para poder concretarlas, “en la Ciudad de México nos sumamos a la aprobación de la llamada #LeyOlimpia el pasado 3 de diciembre de 2019, lo que ha generado un avance en materia de prevención a través de campañas informativas que visibilizan la violencia digital y orientan e incentivan a las víctimas a denunciar.

Refirió, de acuerdo al informe de Alerta por Violencia de Género de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) ha bloqueado el 100% del contenido íntimo difundido sin consentimiento de las mujeres que han denunciado, “la causa de Ley Olimpia llegó a la Cámara de Diputados en 2019, que en diciembre del 2020 fue aprobada en la Cámara de Senadores, y el pasado 15 de abril fue aprobada en las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia de San Lázaro, sin embargo, no ha sido incluida en los temas a tratar en las sesiones del pleno para su discusión y aprobación”.

Indicó que el lunes pasado las mujeres que han impulsado esta causa, se manifestaron en la Cámara de Diputados y de manera simultánea, otras lo hicieron en Morelos, Tlaxcala, Yucatán, Estado de México, Tamaulipas, Quintana Roo, entre otros estados, se manifestaron en los congresos locales para sumarse a la exigencia de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, incluya en los temas prioritarios a tratar en el presente periodo, la Ley Olimpia.

Ante esto, exhorto a la Cámara de Diputados a dar continuidad al cumplimiento de los trabajos legislativos establecidos en su Reglamento, y someter a votación de forma inmediata el Dictamen aprobado por las comisiones para hacer realidad la Ley Olimpia en todo el país.

Por otra parte a fin de dar mayor precisión y una visión más amplia a lo que se entiende por personas servidoras públicas dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, el diputado Ricardo Ruiz Suárez presentó una Iniciativa para hacer adiciones al Artículo 3 de la norma referida.

Ruiz comentó, “se propone agregar al texto lo siguiente: ´… personas Servidoras Públicas: Aquellas que sean miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los integrantes de las Alcaldías, los miembros de los Organismos Autónomos y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos, así́ como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones, según lo establecido en el artículo 64 de la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Destacó, “con este catálogo se hace mucho más claro e identificable hacia quienes se dirigirán los esfuerzos en el combate a la corrupción y la lucha por un buen gobierno. Asimismo, se cumple con el mandato de la Constitución federal, que en su artículo 108 establece el concepto de personas integrantes del servicio público, y que señala que serán los Congresos de las entidades federativas quienes definirán las responsabilidades de los servidores públicos de manera precisa”.

Con información de El Día.

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