La lucha por los derechos LGBTTTI+

Hubo un tiempo cuando el movimiento de liberación homosexual, más que exigir el derecho al matrimonio, buscaba alejarse de tal figura ya que quienes impulsaban esta lucha estaban convencidos de que el amor era asunto de dos adultos y, por lo mismo, no le veían sentido a legislarlo ni a pedirle visto bueno al Estado para estar con alguien, un poco como cantaba Pablo Milanés en su álbum No me pidas, de 1978: “Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar”.

UNAM Global.
Omar Páramo.

Sin embargo, en los 80 todo cambió con la aparición del VIH-sida, pues muchos integrantes de la comunidad comenzaron a ver en el formalizar su relación ante juez una forma de salvaguardar los bienes materiales conseguidos en pareja y evitar así que, al morir, sus familiares aprovecharan la falta de instrumentos legales para apropiarse de un patrimonio que no era de ellos, sino para sus compañeros de vida, dice Alonso Hernández Victoria, director de Archivos y Memorias Diversas.

“La lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTI+ se ha adaptado al paso del tiempo, sus exigencias han cambiado y, aunque aún falta mucho por lograr, es indudable que ha habido avances”, señala el también cronista, desde hace tres décadas, del movimiento.

En México, el reconocimiento al matrimonio entre personas del mismo sexo se dio hasta el 29 de diciembre de 2009, en el entonces Distrito Federal, haciendo de esta urbe la primera en América Latina en incluirlo en su legislación civil; un año más tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tacharía de inconstitucional la idea de que un matrimonio sólo puede darse entre hombre y mujer, con el fin de reproducirse.

A decir de la colaboradora del Museo Universitario del Chopo, Abril Castro, no se puede negar que esto representa un “avance”, pero uno así, entre comillas, pues a una década todavía hay estados que no permiten dichas uniones debido a que, en cuanto los legisladores locales vieron la posibilidad de una aceptación a este tipo de vínculos, blindaron sus constituciones y las impermeabilizaron contra dicha figura. ¿El resultado? México el único país de Norteamérica donde no se admiten los matrimonios igualitarios a nivel nacional.

Abril Castro es de Tijuana y, por lo mismo, muchas veces ha visto las trabas impuestas por su ciudad a gays y lesbianas deseosos de formalizar su relación. “Y en realidad sí pueden hacerlo, aunque deben hacerse de un amparo, ¿y por qué las autoridades ponen tantas trabas al colectivo?”, pregunta. Para ella es claro que la intención detrás es desmotivarlos vía una tramitología tan enrevesada como innecesaria.

Según los datos más recientes del INEGI (2019), el uno por ciento de los matrimonios de nuestro país son entre personas del mismo sexo (alrededor de tres mil 600). “Sin duda falta mucho por hacer en éste y otros campos, pues la finalidad no es el casarse, sino el lograr el respeto y reconocimiento para el muy amplio abanico de la diversidad sexual”.

Cambiando paradigmas

Fue fray Pedro de León quien a principios del siglo XVII llamó “mariposas” a los varones que gustaban de los efebos, pues consideraba que estos se acercaban a la condenación como polillas a la flama. “Los sodomitas que no se enmiendan, llevados por el pecado, acabarán por fin en el fuego cual mariposas”, advertía.

A decir de Alonso Hernández, así como la discriminación por preferencias sexuales se puede rastrear en la historia —incluso Benito Juárez, una de esas figuras retratadas siempre sin mácula, llegó a prometer libertad a todo preso que luchara contra los franceses, “excepto a los afeminados y sodomitas”— también podemos hacer algo parecido con los vocablos usados para señalar al colectivo.

Por ello, para el cronista es revelador adentrarse en la genealogía de estos términos despectivos y entender por qué, en cierto momento, se emplea uno u otro, como pasa con “invertido”, voz manejada alguna vez desde la psicología para insinuar la presencia de algo que va a contrapelo de lo normal, o la leyenda urbana de que se dice “joto” porque en el Palacio Negro de Lecumberri se destinaba la crujía J a los “afeminados” o “lagartijos”, y aunque esta historia no es del todo cierta, sí apunta a un imaginario que no halla inusual el castigar tal conducta.

Para el especialista en literatura Graham Robb, la idea del homosexual moderno tiene una fecha de nacimiento muy precisa en Occidente, 1895, pues ese fue el año del juicio contra Oscar Wilde, además de que, según él, 1900 —justo al morir el autor irlandés— es cuando la represión pública y el escarnio se agudizan. De ahí que a muchos no les extrañe la saña ejercida en 1901, desde los medios y la sociedad porfiristas, contra aquel grupo de 41 individuos a quienes se les encontró en una fiesta de “hombres solos” en un palacete de la Ciudad de México.

Aquel evento marcó tanto al país que han pasado 120 años y aún hablamos de él —recién Netflix estrenó una película al respecto, El baile de los 41—, ¿y qué tanto hemos cambiado? Hernández opina que mucho, aunque un tanto a regañadientes —como muestra la reticencia de muchos aficionados al futbol a dejar de corear gritos homófobos y su afán de defenderlos como si se trataran de mero folclor pícaro.

Para Abril Castro, es innegable que las personas de la diversidad cada vez son más aceptadas, pero incluso en esta supuesta apertura se sigue practicando la discriminación, pues no se le da el mismo trato a una lesbiana que a un hombre gay, en especial si éste es blanco, masculino y con poder adquisitivo, “¡vamos!, como si fuera, casi-casi, un cispassing. Por desgracia los derechos y privilegios aún van juntos. Todos sabemos que no es lo mismo pertenecer a la diversidad en la Condesa que en Ecatepec, y hacia allá deberíamos encaminar la lucha”.

Como organizador de algunas de las marchas del orgullo gay de la CDMX, para Alonso Hernández es impresionante ver su transformación ya que, si en algún momento no eran bien recibidas, hoy son toda una fiesta. Sin embargo, el historiador invita a ir más allá de las apariencias, la música, los disfraces y las pintas multicolores, y reflexionar.

“Aunque sea difícil, debemos admitir que, si bien muchas de nuestras libertades han sido ganadas a golpe de manifestaciones y diálogo político, gran parte de esta algarabía que vemos cada que llega junio se debe a que gran cantidad de empresas e instituciones han descubierto en nosotros un nicho de consumo. ¿Cuántas veces no hemos visto a un banco que no contrata a gente LGBTTTI+ poner su bandera arcoíris el Día del Orgullo, o a una telefónica sin evidente compromiso marchar junto a nosotros en avenida Juárez? Eso no es tolerancia ni respeto, es utilizar a las poblaciones con fines de mercado”.

En opinión de Alonso Hernández, más que pintar sus logos de arcoíris estas compañías deberían darle trabajo —por poner un ejemplo— a las personas trans, de las más discriminadas en nuestro país. “En sus comerciales ellos siempre hablan de modificar a la sociedad y de hacerla más tolerante. Incluir a nuestra comunidad en sus estructuras en vez de quedarse en las palabras es un cambio que sí queremos ver”.

¿Por quiénes seguir luchando?

Alessa Flores fue asesinada el 13 de octubre de 2016 en el hotel Caleta, muy cerca del metro San Antonio Abad, a media cuadra de avenida Tlalpan. Ella era una trabajadora sexual y activista trans que demasiadas veces señaló las discrepancias entre el discurso oficial y la realidad, como cuando en 2015 el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró a la CDMX como Ciudad Amigable LGBTI.

En la tarde del 21 de noviembre de ese año ella dijo, a micrófono abierto y a todo aquel que la quisiera escuchar: “Aquí no se me respeta, se me tolera. Aquí se me limita si no tengo una carrera universitaria, si hablo un dialecto, si soy morena o si mi herramienta de trabajo son un par de tacones y 10 condones que me regala el Seguro Social”.

Al respecto, Alonso Hernández subraya que los trans son la gente más vejada de entre comunidad LGBTTTI+ simplemente porque es la más visible. “Los gays o las lesbianas podemos deshacernos de las plumas o dejar el tráiler y mimetizarnos con los heterosexuales y sus hábitos, pero los trans no. Ellos están ahí recordándonos que existimos y que somos disidencia dentro de una sociedad aún enferma de machismo”.

Por su parte Abril Castro acusa que al cúmulo de repudios padecido por estas personas se suman los desencuentros que han tenido con ciertos feminismos, “lo que ha provocado ataques vergonzosos y eso nos obliga a nosotros, como comunidad, a unirnos para protegerles”.

Para ambos activistas, justo aquí es donde el colectivo LGBTTTI+ debe sumar fuerzas y dar la cara por estos individuos a quienes se les ponen demasiadas trabas a todo, como cuando desean modificar sus papeles legales para que su nombre y género vayan acordes a su identidad, y a los que se les deja desamparados en cuanto a salud y otros rubros.

Sobre este punto, Alessa siempre fue muy crítica al denunciar no sólo el desinterés de las autoridades hacia ellos (reflejado en el hecho de que en los censos de población nunca se pregunta si vive un trans en la casa), sino un problema mucho más grave, el de los transfeminicidios, un crimen de odio ni siquiera tipificado en las leyes mexicanas.

“Hasta la fecha no hay ni un transfeminicida, ni un caso, donde el culpable haya sido castigado con una pena larga como las recibidas por los feminicidas, pese a que los transfeminicidios también son feminicidios. Lo que sí tenemos son muchos casos de mujeres trans muertas para las que no hay un acusado o sospechoso, pero sí muchas burlas del estilo, “¡ay sí!, el travesti asesinado”, “el hombrecito vestido de mujer”, ¡y qué les pasa!, somos humanos y a ellos les parece muy gracioso que un agresor nos mate y siga libre. No hay justicia para las personas trans y mucho menos la hay para las trabajadoras sexuales”.

Estas palabras fueron grabadas en la última aparición pública de Alessa, en un encuentro realizado en el Museo Universitario del Chopo en octubre de 2016, una semana antes de su asesinato, del cual, como cabría esperarse, jamás se consignó a un culpable o a un sospechoso.

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a la transfobia la expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años; Alessa no llegó a esa edad, murió a los 28. Sin embargo, las compañeras de esta activista no están dispuestas a dejar que su feminicidio sea en vano y, desde hace un lustro, cada 13 de octubre, montan un altar a las afueras del hotel Caleta para honrar a su amiga y recordarles a las autoridades eso que ella siempre les exigía:

“¡Legislen!, y hagan leyes que me ayuden a pagar impuestos y a ser una persona física, o a construir un patrimonio que además de heredar, pueda disfrutar. Ayúdenme a tener una beca, o media, para estudiar, porque es ínfimo el porcentaje de nosotras que se preparan y, por ello, la mayoría estamos en la calle, con miedo porque nos siguen matando mientras que los asesinos están afuera, sin recibir el juicio que merecen, mientras que yo, la puta, soy la que vive enjuiciada todos los días”.

Con información de UNAM Global.↵