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Vital juzgar con perspectiva de género
Vacíos legales en México permiten que de 1.7 millones de ataques violentos contra mujeres registrados en ocho años, solo se juzgaron 781 casos como intento o tentativa de feminicidio, es decir el 0.04%. El resto son clasificados como lesiones dolosas o violencia familiar.
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Guadalupe Piña.
A pesar de recibir 37 puñaladas en todo su cuerpo, Jeysol venció a la muerte. Es una sobreviviente de feminicidio pero la justicia mexicana no la protegió. Una mala actuación de las autoridades al clasificar como lesiones un hecho de violencia extrema que debió ser tentativa de feminicidio, causó que pasara un calvario entre hospitales y audiencias durante seis años, pero sin obtener justicia ni tranquilidad todavía. Su agresor sigue libre.
Ella es es solo una de las historias de los intentos de feminicidio que quedan desamparados por la justicia en México.
En los últimos ocho años, las fiscalías de todo el país abrieron 595 investigaciones diarias en promedio por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con armas blancas o de fuego contra mujeres, es decir, más de 1.7 millones en total. Sin embargo, en el mismo lapso de tiempo solo se iniciaron 781 carpetas de investigación por feminicidio en grado de tentativa.
De esas casi dos millones de investigaciones, se desconoce cuántos casos de extrema violencia que llegaron a juicio como lesiones o violencia familiar debieron ser clasificados como tentativa de feminicidio. Ya que especialistas consultados para esta investigación señalan que existen casos que debieron ser clasificados por este delito y no lo hicieron por falta de perspectiva de género en la administración de justicia.
Con la formulación de más de 1,200 solicitudes de acceso a la información a las fiscalías y tribunales de las 32 entidades del país, esta investigación deja en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio para acceder a la justicia.
DOCUMENTAL LAS SOBREVIVIENTES
LA CIFRA NEGRA
La noche de su cumpleaños fue su peor pesadilla. Era su festejo número 35, en abril de 2017 y Yuliana quiso celebrarlo junto a sus amigas en un bar al centro de Xalapa, Veracruz. Fue así, hasta que su ex pareja la obligó a salir de la fiesta.
Empezó con reclamos e insultos, luego vinieron los golpes. Por más de cuatro horas, Yuliana recibió puñetazos, patadas y fue estrangulada hasta perder el conocimiento. “¿Tú sabes lo que se sentiría estar muerta?”, la amenazaba su ex pareja serpenteando una navaja sobre su cuello.
Ese día Yuliana estuvo a punto de ser asesinada; pero logró convencer a su agresor de parar el ataque y llegó a un hospital. Ella teme volver a ser agredida y ha cambiado de domicilio en más de dos ocasiones, incluso vendió su auto para no ser identificada.
Quiere que su caso sea clasificado como tentativa de feminicidio, ya que a Carlos, su ex pareja, también está acusado por presuntamente cometer un feminicidio en 2016. Yuliana siente que su vida está en riesgo.
Su caso forma parte del millón 712,522 carpetas de investigación abiertas por ataques y agresiones violentas en contra de mujeres. Aunque ella sabe que su ex pareja la quería asesinar, aún no logra que el delito se clasifique como intento de feminicidio.
De ese total de casos por ataques y agresiones, las autoridades decidieron clasificar el 68% por el delito de violencia familiar, con la apertura de un millón 158,166 carpetas de investigación y el 32% por lesiones dolosas es decir 553,575 casos.
En tanto, menos del 0.05% fueron calificados como feminicidio en grado de tentativa. Es decir, en los últimos ocho años solo 781 agresiones contra mujeres fueron juzgadas como intentos de feminicidio.
Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, asegura que muchos casos de violencia extrema en contra de mujeres se atienden con el mínimo esfuerzo de las autoridades. “En muchas ocasiones se investiga y se judicializa con otras figuras, por ejemplo, violencia familiar, lesiones o tentativas de homicidio. Tiene que ver la falta de perspectiva de género y la falta de debida diligencia”, refiere.
La importancia de que los casos donde la víctima sufrió una tentativa de feminicidio sean clasificados como tal, radica en que pueden ameritar prisión preventiva oficiosa para el agresor. Esto a partir de la ampliación del catálogo en las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que incluyó el delito de feminicidio en febrero de 2021. Con esto, las sobrevivientes tendrían protección para evitar un segundo ataque.
La justicia aún está en deuda con las sobrevivientes. A pesar de la apertura de investigaciones por casos de violencia contra mujeres, no todos llegan a una sentencia condenatoria para los agresores. En ocho años solo se han dictado 5,901 sentencias condenatorias por violencia familiar en todo México; 6,410 por lesiones dolosas y solo 182 por tentativa de feminicidio.
Para las sobrevivientes, el acceso a la justicia y obtener una sanción para sus agresores es fundamental para retomar su vida y seguridad. Especialistas también afirman que se necesita una reparación integral del daño para las víctimas, ya que algunas mujeres persisten con afectaciones en su salud física y emocional que requieren de intervención especializada.
“Hay una serie de secuelas físicas, económicas, emocionales que le cambian totalmente el destino a las mujeres. No solamente tienen que salir de sus casas, sino que pierden su trabajo, la movilidad”, sostiene Ana Yeli Pérez.
LOS RETOS PARA ACREDITAR LA TENTATIVA DE FEMINICIDIO
Falta de claridad en las leyes, que no exista unificación en los conceptos jurídicos ni su correcta aplicación, forman vacíos legales que impiden que los casos de extrema violencia contra mujeres sean juzgados como un feminicidio en grado de tentativa.
La tentativa es una figura jurídica que se encuentra en todos los Códigos Penales para dar sanción a una conducta cuando se tuvo la intención de cometerla, la cual tiene como pena de uno a dos tercios de la sanción original.
Para identificar un caso de tentativa de feminicidio se debe cumplir con las circunstancias por razones de género que establecen el Código Penal Federal por el feminicidio: que la víctima haya sido incomunicada, que se presenten lesiones o mutilaciones, signos de violencia sexual, amenazas o agresiones previas, que entre la víctima y el victimario haya una relación de confianza, o que el cuerpo de la mujer se exponga en una vía pública.
Resulta complejo acreditar que el agresor tuvo la intención de asesinar a la víctima, pero cuando se demuestra que el victimario se detuvo por razones externas a él, como la intervención de un tercero, es posible demostrar la tentativa de feminicidio.
Las leyes en México no están armonizadas en cuanto a la tentativa de feminicidio, ya que solo cuatro estados del país contemplan en un artículo, explícitamente, el “feminicidio en grado de tentativa”, es decir, la literalidad de ese delito. Se trata de Campeche, Durango, Nuevo León y Puebla, los cuales exponen textualmente las agravantes del castigo cuando se trata de agresiones por razones de género que no llegaron a la muerte.
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