8 de cada 10 personas con discapacidad perdieron su empleo en pandemia

De acuerdo con los datos del último informe de Consejo Nacional para la evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), este año la tasa de pobreza laboral en el segundo trimestre se ubicó en 38.5 por ciento, un dato superior al reportado previo a la pandemia, cuando el porcentaje era de 35.6 por ciento. Aunque ha habido signos de recuperación con respecto a 2020, llama la atención el crecimiento de ocupados informales con un ingreso laboral promedio por debajo de la canasta básica, el cual pasó de 19.8% a 21.2% del primer al segundo trimestre de 2021.

“Estas cifras muestran que el impacto económico para determinados grupos de población como son las personas con discapacidad ha sido mucho mayor, ya que muchas de ellas ya trabajaban en la informalidad antes de la pandemia y con la cuarentena dejaron de poder realizar sus actividades diarias y generar ingresos durante año y medio. Otros que sí tenían un empleo formal, fueron los primeros en ser despedidos o fueron víctimas de discriminación por su condición. Para ellos la recuperación llevará mucho más tiempo”, alerta Mónica Guadalajara, directora para México, Centroamérica y Caribe de Ottobock, compañía alemana con más de 100 años de experiencia en la atención a personas con discapacidad.

Según datos de la Fundación Paralife, el 70% de las personas con discapacidad en México trabajaba en la economía informal antes de la pandemia. “Este porcentaje sin duda se ha incrementado como consecuencia de la crisis sanitaria que todavía vivimos”, dice Guadalajara.

“Te podría decir que alrededor del 80 por ciento de las personas con discapacidad perdieron su empleo”, asegura Rita Romanowsky, Directora del Comité de Calidad de Vida de Fundación Inclúyeme, organización que promueve la plena inclusión de las personas adultas con discapacidad intelectual a través de acciones con un enfoque de derechos, como el apoyo al empleo y apertura de oportunidades laborales en el mercado regular.

A raíz del empeoramiento de las condiciones de trabajo y la situación para muchas personas con discapacidad, la fundación Inclúyeme creó en noviembre de 2020 un centro de desarrollo de habilidades con un curso propedéutico para una colocación más eficaz en empleo competitivo y regular. “Porque nos dimos cuenta que los muchachos regresaban a sus casas sin un ingreso, sin ocupación, lo que dio lugar a situaciones críticas”, explica Rita.

Entre las habilidades que se fomentan en el curso, que dura tres meses, destacan las socio-afectivas, adaptativas, emocionales, destrezas para el trabajo, presencia, manejo del dinero, manejo de la tecnología, entre otros. Ya ha habido cuatro generaciones que han pasado por el curso propedéutico y cada generación cuenta con diez candidatos. “Una de las principales barreras para la inclusión laboral en México es la falta de concientización con respecto a las habilidades que las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, auditiva, motora o de otra índole tienen”, explica Rita.

Yaotzaneth Díaz, quien es seleccionada nacional de basquetbol en silla de ruedas, perdió su empleo durante la pandemia como consecuencia de un recorte en la agencia en la trabajaba. Yao perdió una pierna luego de que, hace 13 años, un autobús la arrollara en la Ciudad de México. Su extremidad inferior quedó destrozada y no tuvo otra opción más que la amputación.

“Es necesario concientizar a otros que, aunque tenga una amputación, cuento con plenas capacidades físicas y mentales para desarrollar diversas tareas y actividades, no soy una carga; con ello también está el defender mis derechos de igualdad de condiciones, porque no por ser una mujer amputada deba tener desventajas en salarios, oportunidades y condiciones”, cuenta Yao, quien comenzó a trabajar en el equipo de Ottobock en México meses después de haber perdido su empleo.

Para Yao, son muy pocas las empresas que tienen programas incluyentes de contratación y cree que los apoyos públicos para el empleo no son suficientes. “En México existe una ley de impuesto sobre la renta (ISR) que contempla beneficios fiscales para las empresas al contratar personas con discapacidad, pudiendo deducir 100 por ciento con respecto a la retención del impuesto que le hacen al salario del trabajador o puede deducir el 25 por ciento sobre el salario anual de la persona”, explica Sherezada Martínez, subdirectora de inclusión laboral en la fundación Inclúyeme.

Para que la empresa pueda hacer la deducción sobre el ISR, tienen que tramitar un certificado de discapacidad que emite el IMSS. “Aquí hay una brecha gigantesca. La ley dice que, para poder deducir, la persona debe tener el 80 por ciento o más de limitación sobre su funcionalidad para que el IMSS pueda emitir ese certificado. En el caso de la discapacidad intelectual, si alguien tiene ese porcentaje implica que esa persona no podría trabajar. Si hablamos de discapacidad física o motora, se consideraría a alguien que sólo pudiera mover el 20 por ciento de su cuerpo”, detalla la experta y alerta de que al final son muy pocas las personas que entran en ese esquema.

Asegura que, al realizar la deducción impositiva en base al salario, el monto es mínimo y muchas empresas prefieren hacer donativos en lugar de contratar. Otros beneficios que otorga la ley es el poder deducir el 100 por cien del costo de capacitaciones sobre discapacidad o las adecuaciones para que las oficinas sean accesibles. Además, aquellas empresas que contraten personas con discapacidad suman puntos para ganar licitaciones en proyectos de gobierno.

No obstante, en el sector creen que esto no es suficiente y consideran que hay una falta de servicios en material de preparación. “No existen centros de calidad para el desarrollo de habilidades para el trabajo en personas con discapacidad. Esta falta de acceso a servicios de capacitación, pone a las personas con discapacidad en desigualdad con respecto a otros en el mercado regular de empleo”, asevera Rita.

Aunque hay algunos cursos organizados por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (CECATI) y otras instancias de gobierno como el CAM laboral de la Secretaría de Educación Pública, el programa Pilares del gobierno de la Ciudad de México y los programas de algunas instancias del DIF; Rita considera que éstos son insuficientes y muchos de ellos son espacios segregados y protegidos, que no tienen vínculo con el mercado regular del trabajo. Agrega que en la inclusión laboral también debería considerarse el acompañamiento en todo el proceso de integración.

“En México estamos carentes de un sistema de evaluación de habilidades eficaz con base a la persona, a nivel gobierno se sigue encasillando a la persona”, cuenta Sherezada quien menciona el sistema Valpar , método de evaluación de habilidades que utiliza la Secretaría del Trabajo y el DIF, por el cual el ciudadano recibe de manera gratuita un certificado con las habilidades y el tipo de trabajo que puede desempeñar. “Es una prueba inaccesible para personas con discapacidad intelectual”, añade Sherezada.

Comenta que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue una de las iniciativas estrella del actual gobierno para realizar prácticas profesionales con una beca, no contempló acompañamiento a las empresas para la integración de las personas con discapacidad, lo que también dificultó la inclusión y tuvieron varios casos fallidos por esta cuestión.

Hay una brecha entre los números de los corporativos y la realidad en la operación. Aunque hay empresas que sí cuentan con áreas de inclusión y están haciendo esfuerzos para incluir a personas con discapacidad y capacitar a sus gerentes, en la operación no siempre funciona la relación laboral o no es una inclusión laboral real, a veces por falta de comunicación o acompañamiento cuenta Sherezada.

A futuro, lo que se necesitaría es capacitar a las instancias de recursos humanos al interior de las empresas para garantizar que ellas puedan dar el seguimiento y resolver los retos que representa la inclusión, añade Rita.

Actualmente, existen iniciativas como “Éntrale”, que es una plataforma creada por el Consejo Mexicano de Negocios, cuyo objetivo es servir de puente entre empresas, ONGs y personas con discapacidad para fomentar y apoyar el empleo inclusivo. Esta ya cuenta con más de 800 empresas aliadas y ha logrado emplear a casi 10 mil personas con discapacidad en el mercado regular de trabajo.

Con información de Vértigo Político.

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