Las niñas merecen sentirse libres, seguras y protegidas

Como una sociedad en la que aún prevalece la cultura patriarcal, nos cuesta entender que las niñas y adolescentes son sujetos de derechos. En su lugar, asumimos que son de nuestra propiedad y que, como mamás, papás, cuidadores o instituciones, nuestro rol es exigirles que hagan lo que nosotros consideramos que deben hacer, creer o soñar. Esto puede cambiar si comprendemos que nuestro papel es acompañar y asegurarnos que su contexto les garantice todo lo necesario para que sean ellas quienes se reconozcan como quieran; que con libertad, autonomía e igualdad, vivan y desarrollen sus propios proyectos de vida.

Entenderlas como objetos que pertenecen a alguien ha generado que la cultura, la sociedad y las instituciones las cosifiquen, y que las niñas y adolescentes vivan múltiples desigualdades y violencias por su género y edad. Las hemos condicionado a roles de género que enmarcan y limitan su desarrollo. En muchas ocasiones, se les enseña que no estarán completas hasta que no sean esposas o madres; se les repite que, si es necesario, deben posponer su educación y planes propios para encargarse del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado de terceras personas. En México, desde 2019, hay una tendencia en la que cada vez más niñas a partir de los 5 años, en lugar de estar jugando, están trabajando en condiciones peligrosas u horarios prolongados para producir los bienes y servicios que se requieren en sus hogares1. Por lo general, todo este trabajo, además de ser forzado, no es remunerado y es invisibilizado.

Es en este contexto que la actual crisis económica y sanitaria ha representado un retroceso en la garantía de derechos, particularmente para las niñas y las adolescentes. Se ha incrementado el riesgo de que abandonen sus estudios para atender jornadas de trabajo doméstico, para integrarse al sector laboral y/o para unirse con una pareja. La cosificación por razones de género desde la niñez es una de las causas estructurales de los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas.

En México, 1 de cada 20 niñas y adolescentes de 12 a 17 años ha estado unida, el 81% de manera informal y, aproximadamente, el 70% de las veces con alguien mayor que ellas (11 años o más)2. Esta situación las hace más propensas a abandonar la escuela, a ser víctimas de violencia sexual y de género, a sufrir discriminación y a tener embarazos peligrosos. De hecho, tan solo en 2020, casi 9 mil niñas entre los 12 y 14 años se convirtieron en madres3; esto resulta muy preocupante pues para las niñas menores de 14 años el embarazo suele estar relacionado con uniones forzadas y violencia sexual4. Además, el riesgo de muerte materna se duplica para las que son menores de 19 años y se cuadriplica para las menores de 155.

La cosificación y la violencia en la que vivimos también genera que, entre las mujeres, las niñas y adolescentes sean las más vulnerables de ser víctimas de trata de personas (59.3%)6. En 2020 se registraron 203 niñas y adolescentes víctimas de este delito y, tan solo de enero a junio de 2021, iban 1457. Esto sin contar la cifra negra de todos los casos que no son denunciados.

Estas son solo algunas de las cifras que visibilizan la urgencia de que el Estado mexicano y la sociedad fortalezcan los esfuerzos para que efectivamente los derechos de todas las niñas y adolescentes en México estén garantizados, para que ellas entonces puedan aprender, crecer y crear sus propios planes de vida. El Estado tiene la obligación de generar políticas públicas que aborden estas violencias de manera directa y específica, comprendiendo y reconociendo los retos particulares que enfrentan. Para lograrlo, se requiere de un diálogo fluido, flexible y progresivo, así como esfuerzos coordinados, claros y transparentes en todas las instituciones.

Con información de Save the Children, Animal político.

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