En marcha en la ciudad, la implementación del modelo de justicia laboral

Con un rezago de 140 mil expedientes por conflictos laborales, el Gobierno de la Ciudad de México inició el proceso para implementar el nuevo modelo de justicia en la materia, con el envío de dos iniciativas al Congreso local.

La primera, explicó el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, es una propuesta de ley orgánica del centro de conciliación laboral, que será la primera instancia en la que se buscará dirimir una controversia, sectorizando a la citada dependencia, pero con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía de gestión.

La segunda, explicó ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, es una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tendrá a su cargo los tribunales laborales en los que, cuando no se logre una solución mediante el diálogo, se llevarán a cabo juicios orales que deberán resolverse en un máximo de seis meses.

De esta forma, se prevé que el nuevo modelo comience a funcionar el 3 de octubre, por lo que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje continuará recibiendo casos hasta esa fecha y dejará de funcionar una vez que resuelva todos los pendientes.

Se trata de un sistema que se implementará de manera gradual en todo el país, con el propósito de terminar con el rezago que existe en materia de justicia laboral, que según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, a nivel nacional acumula medio millón de expedientes, algunos abiertos desde hace seis años.

En el caso de la ciudad, ya se trabaja en la construcción del centro de conciliación laboral con recursos otorgados por el gobierno federal, y para este año se ejercerán 11 millones de pesos para su conclusión, mientras el Poder Judicial absorberá con cargo a su presupuesto los tribunales en materia laboral.

Con el nuevo sistema se prevé que 75 por ciento de los conflictos laborales se resuelvan por medio de la conciliación y terminar así con los intermediarios o coyotes y garantizar los derechos laborales, lo cual se suma a la construcción del centro de justicia laboral, señaló Rodríguez Díaz de León.

Con informaciónb de Alejandro Cruz, La Jornada.

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