Reforma para regular trabajo en aplicaciones avanza

Muy pocos países han regulado el empleo en las plataformas digitales y ninguno ha abarcado toda su complejidad y diversidad. México está en esa difícil faena y pronto los gobiernos federal y de la Ciudad de México presentarán una propuesta de reforma, la cual no será del agrado de todas las personas involucradas, pero cambiará paradigmas, anticipa José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario del Trabajo capitalino.

La población que trabaja en el transporte particular o el de entrega de alimentos a domicilio a través de aplicaciones ha padecido un proceso de precarización debido a que sus empleadoras no reconocen sus derechos laborales, dice en entrevista el titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE).

“Nosotros pensamos que sí realizan una actividad laboral formal, existen elementos para decir que ese empleo sí entra de la categoría de la formalidad y debería ser reconocido como tal”, apunta. “En los próximos días estaremos presentando e impulsando” una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT).

A mediados de mayo, adelanta, será dado a conocer el proyecto, liderado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con miras a que sea discutido en la Cámara de Diputados a partir de septiembre. Es decir, el próximo periodo de sesiones, cuando la agenda legislativa esté libre de uno de los temas que tanto tiempo ocupó: la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa de los gobiernos federal y local plantea “reconocer el trabajo en las plataformas digitales como eso, un trabajo, para que de manera directa se les reconozcan otros derechos importantes, no sólo el salario, la jornada de trabajo o la posibilidad de tener diversos patrones, sino acceder a los derechos colectivos, como los de asociación y organización, porque ahora no tienen esa oportunidad”, explica el funcionario.

El cabildeo hacia la reforma
La secretaría local abrió un diálogo con la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, “para compartir la experiencia en la Ciudad de México. Ella, con una claridad absoluta del tema y muy consciente de la necesidad de avanzar, lo considera un tema de carácter central”, explica el funcionario.

Los encuentros de trabajo se han llevado a cabo desde febrero pasado, aunque el proceso en ambas dependencias tiene más tiempo. “Apenas el martes estuve en la STPS y compartimos con su equipo que ya sólo falta afinar detalles conceptuales de los artículos que vamos a plantear que se modifiquen”.

En marzo pasado, Luisa María Alcalde informó en su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión con Dara Khosrowshahi, director global de Uber. “Coincidimos en la urgente necesidad de transitar a un esquema de reconocimiento de derechos y de protección social para los trabajadores de plataformas”, detalló.

Para el 7 de abril, desde la cuenta de la STPS, se dio a conocer que la funcionaria federal recibió a directivos de DiDi. “Conversamos sobre la transición a un esquema de reconocimiento de derechos laborales y seguridad social para las y los trabajadores de plataformas digitales. ¡Seguimos avanzando!”.

En diversos foros y entrevistas, la secretaria ha señalado la intención de regular el trabajo en este tipo de economía. Las nuevas modalidades de empleo no tienen que venir aparejadas “de exclusión en la seguridad social, de perder protección, de perder derechos”, señaló en el Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, en octubre de 2021.

En esta legislatura, la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados ha recibido dos iniciativas para reformar la LFT y reconocer a las personas repartidoras y conductoras como trabajadoras. En el Senado se han acumulado otras tres diferentes.

“Habrá personas que, como en todo siempre deben existir, tengan criterios y opiniones distintas” a lo que plantea su propuesta. “Nosotros vamos a lanzar la iniciativa con un proyecto base, de ahí entra a un proceso legislativo. Las personas legisladoras que integran la Cámara de Diputados también tienen derecho a opinar, modificar o aprobar en sus términos” el proyecto, dice José Luis Rodríguez.

Enriquecimiento de unas, precarización de otras
El secretario del Trabajo de la Ciudad de México señala que, desde su lanzamiento en 2010 y su llegada al país en 2014, las aplicaciones se ofertaron “como alternativas, como complementos a los salarios e ingresos. Hoy eso no es real, una persona no destina 4 horas a una aplicación, sino 9, 10 horas, y es su único ingreso y su única fuente de trabajo”.

Pero “no sólo destinan más tiempo, ponen su celular, su bicicleta, su motocicleta, su auto. Es decir, ponen su patrimonio al servicio de una empresa”, la cual no les reconoce ni un derecho. “Simplemente nos parece inaceptable la precarización de la calidad de vida de las personas que realizan esta actividad y el enriquecimiento no controlado de las compañías”.

Sin duda, enfatiza, se puede afirmar que, incluso durante la pandemia de covid-19, han crecido su ingreso. Eso significa que no fue distribuido de manera justa o equitativa y que las personas que realizan esta actividad de reparto fueron pieza clave para que las empresas mejoraran sus ganancias y se enriquecieran”.

Debido a la poca transparencia en la que se maneja esa industria, se desconoce el número de personas que está inserta en ella, apunta el funcionario. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el estimado es de más de 500,000 personas.

Esta reforma cambiará paradigmas, predice, “porque reconoce nuevas formas de organización, nuevos conceptos de trabajo, de relaciones laborales y de libertad de trabajo”. Al reto de la aprobación y luego la implementación de la reforma laboral de 2019, se suma este otro.

“Uno de los temas centrales es garantizar la posibilidad de que las personas sigan trabajando en una, en otra y en otra plataforma. A veces están registradas en dos o tres aplicaciones. El objetivo no es perjudicar, el objetivo es ayudarles a tener acceso al reconocimiento de los derechos humanos laborales”.

Una de las organizaciones del gremio, la Unión de Trabajadores por Aplicación (Unta), ha reprochado que no han sido escuchadas sus demandas para la construcción de las iniciativas. “La presunta flexibilidad que ofrecen las plataformas invisibiliza la falta de oportunidades de trabajo, de seguridad social y estabilidad laboral”, han señalado.

En 2021, España reconoció como asalariadas a las personas que laboran en el sector de entrega de comida a domicilio, las llamadas riders. Con la ley, tienen la opción de tener un contrato. Sin embargo, un amplio sector ha rechazado la reforma y aboga por continuar siendo autónomo, pues los contratos ciñen su actividad y, con el tiempo, la precarizarán aún más.

Reino Unido, Italia y Francia son otros países que han modificado sus leyes laborales para incorporar a parte de las trabajadoras y trabajadores de la economía gig. En Estados Unidos, el estado de California ha sido el único.

Es ahora o nunca
En México y en el mundo, las grandes empresas por aplicación han luchado para que sus “socios y socias”, como les consideran, no tengan la categoría de trabajadoras y trabajadores. Así que, pese al cabildeo, podrían intentar ampararse si llegara a pasar esta reforma.

“Siempre hay riesgos en todo, pero para eso está el proceso parlamentario y para eso están las personas juzgadoras. Aquí participarían los tres órdenes de gobierno, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, dice José Luis Rodríguez Díaz de León.

“En el Ejecutivo estamos detonando un proceso parlamentario”, el Legislativo hará lo que le corresponda y, “si alguien siente que tiene un derecho afectado, está el Poder Judicial”.

La iniciativa “es una oportunidad y un riesgo que debemos tomar. No hacerlo implicaría que las personas están en ese proceso de caída libre, desde el surgimiento de las aplicaciones” se hundan más en la precarización laboral.

Con información de Blanca Juárez, El Economista.↵