Situación del Trabajo infantil en México

La Agenda 2030 es un plan de acción mundial en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Este plan se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales buscan lograr un progreso social y económico sostenible para todas y todos, dentro de estos, tiene especial importancia para las niñas, niños y adolescentes, el objetivo 8.7 Poner fin al trabajo infantil de aquí a 2025 y erradicar las peores formas de trabajo infantil. 1

Por esto resulta importante mencionar un evento que se realizó en la semana del 15 al 20 de mayo de 2022: la 5.ª Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil. El objetivo de esta fue evaluar los avances que a nivel mundial se han logrado para erradicar el trabajo infantil de aquí a 2025, como lo establece la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante la Conferencia se mencionó un tema de forma recurrente en los paneles: el estancamiento de los avances en la lucha contra el trabajo infantil a partir del año 2015; incluso, esta lucha se revirtió con la llegada de la pandemia y los efectos que tuvo a nivel socioeconómico para todo el mundo.

Este panorama no es ajeno a México, por el contrario, el problema del trabajo infantil en nuestro país está siguiendo la misma pauta que se presenta a nivel internacional e incluso, en algunos casos, presenta una descomposición aún más grave.

Muestra de esto es la evolución de la tasa de trabajo infantil en el país, la cual tuvo un periodo de disminución constante entre 2007 (12.6%) 2 y 2013 (8.6%); 3 sin embargo, para 2017 la tasa repunto a 11% 4 y en 2019 continúo elevándose a un 11.5%. 5

De acuerdo con los datos del Módulo de Trabajo Infantil 2017 y la Encuesta Nacional sobre Trabajo 2019 publicados por el INEGI, en solo dos años se incrementó en 100 mil el número de niñas, niños y adolescentes trabajadores.

Más aún, un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos 6 estima un incremento del 5.5% en el número de personas que realizan trabajo infantil, es decir, alrededor de 185 mil niñas, niños y adolescentes se verán obligados a incorporarse a un trabajo de forma prematura.

Este retroceso en la lucha contra el trabajo infantil tiene diversas causas, como la desaceleración de la economía mexicana, la que, sumada a la llegada de la pandemia y sus efectos socioeconómicos, crearon el escenario perfecto para que miles de niñas, niños y adolescentes se vean empujados a trabajar para contribuir al gasto familiar y apoyar a sus familias.

De entre los efectos más relevantes producidos por la pandemia y que debemos tener presentes están: el incremento en el número de personas en condiciones de pobreza extrema, 2.1 millones más para un total de 10.8 millones; 7 5.2 millones de niñas, niños y adolescentes que no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 8 y 12.5 millones de personas que quedaron desempleadas. 9

Como podemos ver, todos estos factores se conjugaron para crear los contextos que incrementan exponencialmente el riesgo y la necesidad de que la niñez y adolescencia se incorporen a una actividad productiva, con el fin de obtener recursos que les permita a sí mismos y a sus familias, subsistir y satisfacer sus necesidades de comida, vestido y vivienda, lo anterior representa un peligro considerable de que sus derechos sean vulnerados, en aras de contar con los recursos económicos suficientes para sobrevivir.

En este punto queda más que clara la obligación de que el Estado intervenga, mediante la implementación de políticas públicas, acciones y programas sociales que se enfoquen en mitigar los efectos de la pandemia: promover empleos dignos y bien remunerados; fomentar la permanencia escolar y conclusión de grados y, transferencias de recursos condicionadas para los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En igual medida se encuentra la responsabilidad del sector privado para combatir el trabajo infantil en todas sus formas, en inicio por dar cumplimiento a la normatividad existente y continuando con la oferta empleos dignos, jornadas laborales que permitan el equilibro entre trabajo y vida personal y garantizando la inscripción a la seguridad social.

Estas acciones, que influyen de forma directa en las condiciones y medios de subsistencia de las familias, están encaminadas a proteger y, sobre todo, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Es cierto que el Gobierno de México ha implementado acciones positivas en la lucha por erradicar el trabajo infantil: la publicación de la Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil 2019, que nos dio un panorama nacional sobre la problemática y nos permitió identificar las entidades federativas que requieren una atención prioritaria; la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre personas trabajadoras domésticas y la subsecuente reforma sobre trabajo del hogar en la Ley Federal del Trabajo; la creación de la Red Nacional de Comisiones locales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, que son las instancias encargadas de coordinar las acciones a nivel estatal que atienden el problema del trabajo infantil en los estados.

Sin embargo, estos avances aún no se han materializado en mejoras para la condición de vida de esos 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes, o deberíamos decir 3.5 millones, si consideramos los efectos de la pandemia en los últimos años, por lo que el reto de eliminar el trabajo infantil de aquí a 2025 se antoja como un sueño difícil de alcanzar.

Por esto, desde Save the Children proponemos al Gobierno de México y al Sector Privado las siguientes acciones, que permitan atender este gran pendiente con mayor celeridad:

La construcción de una Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil, encabezada y dirigida por la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI), que aplique transversalmente el interés superior de la niñez
La creación de programas y políticas públicas enfocados en para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil a nivel estatal. Así como mejorar aquellas que ya existen y que han mostrado tener un impacto positivo.
Incrementar el número de inspectores laborales a nivel federal y estatal, ya que son la primera línea para detectar el trabajo infantil y sus peores formas.
Promover mecanismos de denuncia anónima contra el trabajo infantil.
Incluir en sus códigos de conducta la prohibición expresa de contratar a personas menores de 15 años o a adolescentes de 15 a 17 para actividades prohibidas por la ley.
Con estas acciones y la colaboración de los sectores pública, privado y social, la meta de erradicar el trabajo infantil para 2025 dejará de verse como un sueño inalcanzable, para comenzar a convertirse en una realidad para los millones de niñas, niños y adolescentes que nos necesitan.

* Miguel Ramírez Sandi es coordinador de Incidencia Política sobre Temas de Trabajo Infantil en Save the Children, en Animal Político.↵