Recomendaciones del Coneval

El Coneval señala la necesidad de mejorar y aumentar los mecanismos que ayuden a proteger los derechos de las personas trabajadoras y a fomentar la transición hacia la formalidad, entre otros aspectos.

Al iniciar el periodo ordinario en el Congreso, en septiembre, la Cámara de Diputados se centrará en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el siguiente año. Por ello, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el reporte Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2023 que, en materia laboral, insiste en la creación de un seguro de desempleo, incentivos para las empresas y programas de formalización, entre otros puntos.

El documento contiene propuestas para nueve esferas: bienestar económico, alimentación nutritiva y de calidad, educación, salud, vivienda digna y decorosa, seguridad social, trabajo, medio ambiente sano y no discriminación, para lo cual analizó 120 programas y acciones del gobierno federal del ejercicio fiscal 2022.

En la esfera laboral señala que son necesarios los “incentivos tributarios” para elevar la productividad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) “y favorecer su crecimiento a través del crédito”, pues “es allí donde se ocupan la mayoría de los trabajadores asalariados”. También recomienda “introducir acciones afirmativas que fortalezcan a las mujeres en el emprendimiento de negocios”.

El último Estudio sobre la Demografía de los Negocios, publicado en diciembre pasado, señala que en 2021 surgieron 1.2 millones de empresas y cerraron 1.6 millones. “Lo que significa que entre octubre 2020 y julio 2021, se incrementó la proporción de nacimientos y disminuyó la proporción de muertes (de negocios) en comparación con lo observado de mayo de 2019 a septiembre 2020”.

En promedio, cada negocio que cerró tenía “2.45 personas ocupadas”. Mientras que los que abrieron ocuparon a “2.05 personas”. Sin embargo, en 2020 “los establecimientos que murieron” empleaban a 2.9 trabajadoras y trabajadores y los que nacieron, a 1.9 personas.

Sistema universal de seguridad social
En julio pasado, el 56% de la población ocupada estaba en la informalidad, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Por ello, el Coneval señala que la “estrategia de formalización laboral deberá incluir medidas específicas para los grupos más afectados, como hablantes de lenguas indígenas, personas con discapacidad, jornaleros agrícolas, trabajo doméstico remunerado, entre otros”.

Quienes trabajan en el sector informal generalmente no tienen contrato por escrito ni prestaciones mínimas que la Ley Federal del Trabajo (LFT) marca como obligatorias. Y debido a que la seguridad social en México está muy ligada al empleo formal, también carecen de ese derecho.

Es por eso que el país requiere de un sistema de protección social universal, “articulado con instrumentos contributivos, basado en un enfoque de derechos, sensible a las diferencias entre grupos poblacionales y orientado a disminuir las desigualdades”.

Dicho sistema debe incluir:

Transferencias monetarias temporales en circunstancias adversas
Servicios de salud
Pensiones de vejez, discapacidad y orfandad
Seguro de desempleo contributivo
Además, debe incorporar programas de guarderías, asistencia social y prestaciones por maternidad “para reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerados sobre las mujeres”. Esas acciones incrementarán sus posibilidades de acceder a un empleo.

Trabajo infantil e inspección laboral

El Coneval señala que “es indispensable reactivar protocolos e implementar acciones emergentes para la erradicación del trabajo infantil”. México es el segundo país en América con más niñas, niños y adolescentes trabajando, después de Brasil.

Cuando inició la pandemia de covid-19, más de 3.3 millones de menores laboraban, la gran mayoría en trabajos peligrosos para su edad. Pero es probable que la cifra haya subido a 3.5 millones, pues La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que por cada punto que aumenta la pobreza, el trabajo infantil incrementa 0.7 por ciento.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha limitado en cierta medida este problema, pues prohíbe la exportación de productos con mano de obra de niñas y niños. Sin embargo, las autoridades laborales mexicanas han puesto la mira en las empresas que envían su mercancía a uno de esos países y han descuidado a las que las destinan para el mercado interno.

Por eso resulta importante otra de las recomendaciones del Coneval que, aunque no se refiere específicamente al trabajo infantil, también ayudaría: las inspecciones laborales. “Se requiere una vigilancia permanente a través de la inspección para aumentar la formalización de los contratos personales y colectivos ya que se asocia al acceso a las prestaciones de ley”, indica el organismo.

Con información de Blanca Juárez, El Economista.↵