Propuesta de reforma a la LFT para obligar a las empresas a tener personal de grupos vulnerables

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados analizará una propuesta de reforma a la LFT para obligar a las empresas con más de 50 trabajadores a tener una cuota de 10% de personal perteneciente a los grupos vulnerables.

El mercado laboral ha excluido a mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad, de la diversidad sexual, afrodescendientes y migrantes y entre otras. Una de las respuestas legislativas ha sido la presentación de iniciativas para que las empresas estén obligadas a reservarles espacios, pero cada una plantea un grupo de manera separada.

La más reciente iniciativa en la materia es del diputado Manuel Baldenebro (Morena). Su propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un mínimo 10% de plazas de las empresas para personal de poblaciones vulnerables y una multa de más de 257,000 pesos a quien incumpla con esta cuota.

“Existe una necesidad imperante de atender de manera especial la inclusión laboral” señala el también presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja en la exposición de motivos del su proyecto.

Esa atención, expone, debe contemplar “a los grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando su participación en la vida laboral, con el fin de que cuenten con mejores condiciones para una vida digna y bienestar progresivo”.

A decir del legislador, los obstáculos o negativa que enfrentan las personas de grupos vulnerables cuando quieren o necesitan obtener un empleo viola sus derechos humanos, como el derecho al empleo, a la alimentación, a la salud, a la vivienda y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Esa discriminación afecta también a todo el país, pues perpetúa la pobreza y la desigualdad. De ahí que las medidas que se tomen para cerrar esa brecha laboral contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se indica en la iniciativa.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza en los grupos históricamente discriminados se distribuye de la siguiente manera:

Mujeres, 44.4%
Indígenas, 73.2%
Personas con discapacidad, 49.5%
Niñas, niños y adolescentes, 52.6%
Jóvenes, 46.1%
Población adulta mayor, 37.9%

Propuestas de inclusión laboral y sanciones
La discriminación estructural que viven diferentes grupos en México ha causado “altos niveles de desigualdad y de exclusión social”, señala el diputado federal Manuel Baldenebro. Pero el Poder Legislativo “no ha sido omiso en el tema de atención para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad”, sostiene.

“Existen importantes iniciativas presentadas por legisladores integrantes de los diversos grupos parlamentarios, cuyo objetivo es incorporar al mercado laboral a las personas con discapacidad y adultos mayores, estableciendo un porcentaje en los centros de trabajo”. Sin embargo, agrega, “debemos reconocer que existen más grupos dentro del sector considerado vulnerable”.

El proyecto propone agregar el artículo 7o. Bis a la LFT, que establece que “en toda empresa o establecimiento que tenga más de 50 trabajadores el patrón deberá emplear el 10% de trabajadores en situación de vulnerabilidad, por lo menos”.

En ese mismo artículo, se plantea que quienes están “en situación de vulnerabilidad” son las personas:

Con discapacidad
Adultas mayores
Indígenas
Afrodescendientes
De la diversidad sexual y de género
Y migrantes

También contempla una reforma al artículo 1004-B de la LFT, donde se definirá una multa “por el equivalente de 250 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a los patrones que incumplan estas nuevas obligaciones”, lo que en cifras vigentes para este año equivale a una sanción de entre 21,000 a 257,000 pesos.

Para “disfrutar de igualdad de oportunidades, con un trabajo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, es decir, contar con un trabajo decente, es necesario generar las condiciones para que ello se torne en una realidad”, se señala en el proyecto.

“Estamos seguros que con esta propuesta se avanza hacia la eliminación de todas las formas de discriminación en el empleo y la ocupación, reduciendo desigualdades existentes entre grupos en situación de vulnerabilidad pues se reconoce que hay personas con los estudios y la preparación adecuada para cubrir un puesto de trabajo determinado”, concluye el diputado.

Con información de Blanca Juárez, El Economista.↵