Impulsan una reforma para fortalecer el marco jurídico para combatir el trabajo infantil

Legisladoras de Morena impulsan una reforma para fortalecer el marco jurídico para combatir el trabajo infantil en el país, involucrando a dependencias federales, la OIT, sindicatos, empresas y gobiernos locales como parte de una estrategia reconocida desde la legislación.

La comisión intersecretarial contra el trabajo infantil podría ser reconocida formalmente en la legislación mexicana a una década de su creación, además de darle derecho de voz y voto en esta instancia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a los representantes patronales y sindicales.

La iniciativa de reforma al artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue presentada en la Cámara de Diputados por las legisladoras Susana Prieto y Adriana Bustamante, ambas del partido Morena.

El nombre completo de dicho organismo es Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (Citi). Fue creada en 2013 por un acuerdo presidencial.

La propuesta plantea incluir a la Citi en la LFT, donde quedarían establecidas sus funciones, alcances e integrantes. Además, los gobiernos locales estarían obligados a asumir finalmente la responsabilidad de conformar las comisiones estatales y municipales.

El problema a resolver es enorme y cada año empeora: México es el país del continente donde hay más niñas, niños y adolescentes trabajando. De 2019 a 2022, este segmento de la población aumentó 14%, al pasar de 3.3 a 3.7 millones de personas, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI).

El objetivo de la Citi ha sido coordinar las acciones de las dependencias y entidades federales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como para proteger a adolescentes en edad permitida de laborar.

Sin embargo, pese a que ha funcionado por casi 10 años, la Citi carece de un respaldo legal específico para garantizar que la implementación de sus recomendaciones y políticas sean acatadas.

Se debe mejorar el funcionamiento de las estrategias, pues existen varios desafíos en su implementación, y mejorar también la coordinación interinstitucional a nivel federal, estatal y municipal, se reconoce en el documento.

Otro cambio importante al artículo 173 de la LFT es la manera en la que se nombra a la población que se busca proteger. Actualmente la ley la menciona como “menores”, un término que no reconoce la personalidad de quienes están en la infancia y la adolescencia y que ha sido utilizado para señalar a quienes no han cumplido 18 años. Esta palabra sería sustituida por “niñas, niños y adolescentes”.

Voz y voto de la OIT, sindicatos y empresas
La iniciativa propone una participación de la OIT importante, pues hasta ahora la LFT no contempla la colaboración de este organismo con ninguna dependencia o institución pública. Sería la primera vez.

Según el proyecto de reforma, en el artículo 173 de la LFT quedaría establecido que “tendrán el carácter de invitados permanentes de la comisión, con voz y voto, la Organización Internacional del Trabajo, representantes patronales y representantes sindicales”.

En estos momentos, la OIT, las cámaras patronales, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ya son invitados permanentes con voz, pero sin derecho a voto.

Según la reforma, participarán de forma honorífica. Es decir, que no tendrán las mismas responsabilidades y funciones que las autoridades. Durarán dos años en sus funciones, “pudiendo ser convocados para periodos subsecuentes”.

Con ello, también la parte patronal y obrera también tendrá influencia en las políticas destinadas a erradicar el trabajo infantil en el país. Uno de los objetivos de la Citi es tener “una debida coordinación con un modelo tripartito”, por eso es necesario “permitir que los empleados y empleadores también tengan voz y voto dentro de la comisión”, se indica en el documento.

Las organizaciones empresariales y los sindicatos son “actores clave para el combate al trabajo infantil y sus peores formas”, por lo que “la admisión de voz y voto para estos actores permitiría un nuevo dialogo socia con enfoque tripartito y que tendrá como resultado nuevas estrategias que impulsarían los planes de trabajo de la comisión, señalan las diputadas promoventes de la reforma.

En tanto, la Oficina de la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la República (FGR), que tienen actualmente el mismo estatus de invitados con voz, también tendrían derecho a voto en la Citi.

Compromiso de entidades y municipios
En tanto, la iniciativa contempla además un siguiente punto: “Comprometer a las entidades federativas y municipales a crear e instalar su Comisión Local en un lapso de 3 meses posterior a su inicio de gobierno”.

De acuerdo con el documento, “en México hay entidades federativas y municipios que carecen de un acuerdo de creación para su Comisión Local”.

Al no tener una comisión intersecretarial local, no cuentan con “un plan de acción ni políticas públicas que estén reguladas para combatir el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente permitido”.

Es fundamental que las entidades y municipios tomen responsabilidad de lo que les concierne respecto al trabajo infantil, pues las actividades que realizan lo hacen dentro de sus jurisdicciones y también por la omisión o acción de las autoridades. De acuerdo con la ENTI, Oaxaca, Guerrero y Nayarit son las entidades donde hay más población en trabajo infantil.

Si el Congreso avala este cambio, sostienen las diputadas Susana Prieto y Adriana Bustamante, se avanzaría en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (C182) y el Convenio sobre la Edad Mínima (C138) de la OIT.

Al fortalecer el marco jurídico de la Citi, concluyen, se mejorarán las políticas públicas y acciones que prevengan y atiendan a las niñas, niños y adolescentes en situaciones de trabajo infantil.

Con información de Blanca Juárez, El Economista.

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