Seguridad inteligente y soberanía: un nuevo modelo para México

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado un paso decisivo en la transformación de la seguridad pública en México con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública. Esta nueva legislación refuerza la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado mediante el uso de inteligencia, tecnología y análisis de datos en tiempo real, consolidando un modelo de seguridad basado en la prevención y la investigación. Esta política de seguridad da continuidad al trabajo iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien estableció un enfoque integral para la pacificación del país, priorizando la atención a las causas de la violencia y la consolidación de instituciones de seguridad como la Guardia Nacional.

José Luis Rodríguez Díaz De León.
Opinión.
La Prensa.
03 de marzo de 2025.

El enfoque tradicional de seguridad, basado en la reacción ante delitos consumados, ha demostrado sus limitaciones. Por ello, el nuevo modelo de policía guiada por inteligencia busca anticiparse al crimen, identificando patrones delictivos y redes criminales antes de que operen. Este cambio permitirá prevenir y neutralizar amenazas delictivas con una mejor coordinación entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, y las fiscalías. También se utilizará tecnología avanzada y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones en materia de seguridad y reducir el subregistro de delitos, promoviendo la confianza ciudadana en las instituciones para fomentar la denuncia. Además, se fortalecerá la cooperación nacional e internacional en la lucha contra el crimen organizado, sin comprometer la soberanía del país.

La implementación de esta ley está alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, basada en la atención a las causas de la delincuencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación entre niveles de gobierno. La seguridad no solo se combate con fuerza, sino con justicia social. La estrategia busca generar oportunidades educativas, laborales y de bienestar que impidan que sectores vulnerables sean reclutados por el crimen organizado. Se reforzarán programas de empleo, educación y cultura, dirigidos principalmente a jóvenes en situación de riesgo.

La Guardia Nacional continuará fortaleciéndose como pilar de la seguridad en el país, garantizando su despliegue territorial con equipamiento y capacitación especializada. Su profesionalización permitirá una actuación más eficiente, basada en el respeto a los derechos humanos.

Con la implementación del nuevo sistema de inteligencia, el país dejará de depender únicamente de estadísticas sobre delitos consumados y generará información estratégica que permitirá diseñar acciones preventivas y operativas en tiempo real. Además, la seguridad no puede ser una tarea fragmentada. Se reforzará la cooperación entre la Federación, estados y municipios, asegurando una estrategia unificada para enfrentar la delincuencia con eficacia y sin duplicidad de esfuerzos.

En el contexto de esta reforma, la Presidenta Sheinbaum ha anunciado una iniciativa constitucional para reforzar la defensa de la soberanía nacional en materia de seguridad. Este cambio responde a la decisión del gobierno estadounidense de designar como grupos terroristas a seis organizaciones criminales mexicanas, lo que podría abrir la puerta a intervenciones extranjeras. La reforma propone prohibir explícitamente cualquier intervención extranjera en asuntos de seguridad nacional, reglamentar la cooperación internacional asegurando que las acciones de inteligencia y persecución criminal se realicen bajo estricta autorización del Estado mexicano, y endurecer penas contra el tráfico ilegal de armas, estableciendo la prisión preventiva oficiosa para quienes participen en su distribución.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores ampliará la demanda contra productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos, pues el 74% de las armas utilizadas por la delincuencia en México provienen de ese país. La inseguridad no solo se combate con estrategias policiales, sino también con políticas que ataquen el problema de raíz, impidiendo la entrada ilegal de armamento y fortaleciendo los mecanismos de control fronterizo.

Desde 2019, la estrategia integral de seguridad impulsada por Andrés Manuel López Obrador ha dado resultados tangibles, logrando reducciones significativas en delitos de alto impacto, como el secuestro, que ha disminuido en un 43.3%, el robo de vehículos en 33.2% y el robo a casa habitación en 34.4%. Ahora, con la promulgación de esta nueva ley y el refuerzo de la soberanía en seguridad, México avanza hacia un modelo que prioriza la prevención, la inteligencia y la coordinación institucional. La labor de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es clave en la implementación de estas estrategias, asegurando que los cuerpos de seguridad cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos actuales.

La seguridad no solo se trata de combatir el crimen, sino de garantizar justicia, paz y bienestar para todas y todos. Este es el compromiso del gobierno, y juntos, como sociedad, debemos consolidarlo.
Sigamos trabajando para que nadie se quede atrás.

Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León
Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

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