Entrega de proyectos sin pago, otro modo de estafa a través de vacantes falsas

Adriana está en la búsqueda de trabajo activa. A sus manos llegó una vacante a la que decidió aplicar. Recibió un correo donde le agradecían su participación, y como parte de esa etapa, le compartieron una prueba técnica que “nos permitirá evaluar tus habilidades. Agradecemos que nos la envíes una vez que la hayas completado, no hay límite de tiempo”.

La prueba era una propuesta de contenido y tenía que realizar entrevistas reales, entre otras especificaciones. Lo hizo y entregó su prueba técnica.

Explica que, en principio, “fueron muy insistentes para que entregara los materiales, las propuestas y guiones con todo, hasta con entrevistados reales listo para desarrollar”.

Sin embargo, una vez entregado el trabajo, la insistencia ahora era de Adriana para preguntar ¿qué había pasado?

Finalmente, le respondieron que no había vacante para el puesto que había solicitado, que sólo tenían otros, pero que la prueba había gustado mucho.

Adriana se enfrentó a lo que parece ser un modus operandi de empresas que buscan el desarrollo de ideas gratuitas, con el pretexto de acceder a una vacante, para después darles las gracias a los participantes, en un proceso de reclutamiento que, al parecer nunca existió.

En la búsqueda de empleo, los profesionistas ya no sólo están expuestos a vacantes falsas, el ghosting de los reclutadores o aplicar en muchas ofertas sin obtener una respuesta. Ahora también se enfrentan a la necesidad de dedicar tiempo a pruebas sin pago sin ningún tipo de garantía.

La legalidad de solicitar pruebas como parte del proceso de selección
A decir de Regina Orozco Soria, socia fundadora del despacho de abogados Pérez Mena y Orozco, no existe ninguna norma expresa, en términos legales, que prohíba o sancione solicitar este tipo de pruebas.

“Sin embargo, puede convertirse en una práctica abusiva por parte de los corporativos, si obtienen valor del trabajo sin ofrecer remuneración ni contrato”, explica.

Considera que, desde las organizaciones, las buenas prácticas sugieren transparencia, retroalimentación, y respeto por el trabajo del postulante.

“Ahora bien, abusar de este tipo de pruebas puede afectar reputacionalmente a la empresa y eventualmente generar litigios”, considera.

Enfatiza que solicitar un proyecto como parte de la sección del personal no es ilegal per se, ya que la empresa evalúa a sus candidatos y puede en ese momento decidir quién de los postulantes se adecua más al puesto, ya sea en su manera de plantear problemas, la estrategia y resolución.

“Les permite tener una visión más clara de cómo trabajarían en un futuro, cómo resolverían y qué herramientas utilizan para resolverlo”.

Pero advierte que, en una situación en particular, estamos en un área gris que puede ser abusiva. Por lo que, es recomendable para las empresas establecer procesos éticos, proporcionales y transparentes.

“Existe una necesidad urgente de mejores prácticas y marcos éticos en el reclutamiento corporativo”, explica.

Banderas rojas en los procesos de reclutamiento
Adriana recuerda que tiempo después, la empresa que le pidió la prueba, volvió a colocar la vacante públicamente, cuando el responsable del reclutamiento le comentó que no estaban buscando un perfil para esa posición.

Descubrió que siguen pidiendo las pruebas técnicas a compañeros de su gremio. Considera que es necesario que los buscadores de empleo tomen precauciones sobre estas empresas, las investiguen antes de trabajar en un proyecto que tal vez no los lleve a tener la vacante y sólo es parte de una mala práctica para robar ideas creativas.

Comenta que una alerta que, en un principio, pasó por alto fue que en ningún momento le pidieron su currículum, ni preguntaron su trayectoria profesional, así como tampoco pidieron otros trabajos que hubiera publicado, sólo la prueba técnica.

Hoy, sigue en la búsqueda de empleo, pero se ha convertido en una pieza fundamental entre su gremio para que no caigan en este tipo de procesos que son poco transparentes y hasta con falta de ética.

Con información de Sonia Soto, El Economista.↵