Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 Bis y 21 de la Ley de Expropiación

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 BIS Y 21 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN.

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo  Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo  ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo  dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12  fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325  y 326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de  México, someto a la consideración de este órgano legislativo la PROPUESTA DE  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 20 BIS Y 21 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, al tenor de los  apartados siguientes:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE  RESOLVER: 

La Ley de Expropiación fue publicada el 5 de noviembre de 1936 en el Diario  Oficial de la Federación, su última reforma se realizó el 27 de enero de 2012, tiene  por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos,  modalidades y ejecución de las expropiaciones, la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, establece la utilidad pública, cabe  destacar que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la  propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de  regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales  susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la  riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país  y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los  asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y  destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de  planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los  centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el  fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley  reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades;  para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura,  de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el  medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños  que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

La presente iniciativa tiene como objeto actualizar el marco normativo federal de acuerdo a lo mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de México

1. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,  específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar,  cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así  como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de  género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción  de la igualdad de género. No obstante, la presente iniciativa es de carácter  procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre  mujeres y hombres.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

“La expropiación es un procedimiento de derecho público, por el cual el Estado adquiere bienes de los particulares para el cumplimiento de un fin de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización. Este modo de adquisición de la propiedad tiene su justificación cuando el Estado tiene la necesidad de disponer de la propiedad privada para la satisfacción de un superior interés público, frente al cual el derecho particular debe ceder.

Los principios constitucionales que rigen a la garantía de propiedad y, correlativamente, a los de la figura jurídica de la expropiación, ambos previstos en el artículo 27 constitucional.

La propiedad privada está garantizada por la propia Carta Magna; sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que el propio Estado, dadas ciertas condiciones, pueda afectarla de algún modo, según mandato de la propia Constitución.

Al respecto, la doctrina ha detectado, por lo menos, los siguientes términos o locuciones: necesidad pública, uso público, utilidad pública, utilidad social, interés general, interés social, interés público y perfeccionamiento social”¹

“La expropiación en México es definida por la doctrina jurídica como el acto administrativo del Estado que priva a una persona de su propiedad, ya sea parcial o totalmente, con la condición de que exista una causa de utilidad pública prevista en la Ley y mediante el pago de una indemnización. El marco jurídico del decreto presidencial de expropiación hace referencia al artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo, de la propia Constitución; 13, 36 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 93, fracción VII, y 94 de la Ley Agraria.

La Ley Agraria, en su artículo 93, expone las causas de utilidad pública por las que podrán ser expropiados los bienes ejidales y comunales; la fracción VII refiere a la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte. El artículo 94 de la misma ley establece que la expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Asimismo, ésta deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública, los bienes por expropiar y la indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados.”²

 ¹Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=20527&Clase=VotosDetalleBL ²Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/la-expropiacion-ejidal-en-mexico-una-historia-de-injusticia-y-corrupcion/

La expropiación moviliza de manera simultánea el poder estatal y la propiedad privada. algunas de las transformaciones de los estados contemporáneos en el contexto de la globalización. Una visión panorámica de las tendencias mundiales en el régimen de la expropiación deja ver que no se trata de un proceso homogéneo.

Se proponen dos hipótesis: que el cambio más relevante consiste en una sustitución de la tensión entre interés público e interés privado por la tensión entre intereses locales e intereses globales, y que existe una relación entre los temas que están en discusión y los contextos de dicha discusión.³

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, ha sustentado diversos criterios, en los que inicialmente señaló que las causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una obra públicos.

Posteriormente amplió el concepto comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad. Así la Suprema Corte reitera el criterio de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de

 ³Disponible en: http://www.enciclopedia-juridica.com/d/expropiación/expropiación.htm

beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin.

La noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. Por ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se presenten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad.

En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional.⁴

 ⁴Disponible en:

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=175593&Semanario=0

A continuación se mencionan las siguientes jurisprudencias:

EXPROPIACIÓN. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ESTABLECER LEGALMENTE LAS CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE LA JUSTIFIQUEN.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la expropiación de la propiedad privada por causa de utilidad pública y mediante indemnización, así como que corresponde a las leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, señalar los casos en que sea de utilidad pública expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad administrativa realizar dicha declaración y fijar las reglas generales sobre el precio e indemnización. Esto es, la expropiación constituye un acto de carácter administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la propiedad de un bien inmueble, en aras del interés, necesidad o utilidad social, es decir, se trata de una figura a través de la cual el Estado logra determinados fines relacionados con el interés colectivo, de ahí que se sujete la expropiación a causas de utilidad pública. Ahora bien, toda vez que la Constitución Federal no establece un concepto de utilidad pública, el que por abstracto, mutable y relativo es difícil de definir y sólo es determinable por las condiciones políticas, sociales y económicas que imperen en cierta época y lugar, el Constituyente otorgó al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Estatales la facultad de establecer, en la ley y dentro de

sus respectivos ámbitos de competencia, las causas de esa utilidad pública que, en aras del bien común, sustenten el acto administrativo expropiatorio.⁵

EXPROPIACIÓN. FASES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA.

En la expropiación, según el derecho positivo mexicano, la calificación jurídica de la utilidad pública se verifica a través de un acto formal y materialmente legislativo; en materia federal y local para el Distrito Federal es la Ley de Expropiación la que en su artículo 1o. define los supuestos de procedencia de la institución que se estudia. La actualización de estos supuestos y su aplicación a la realidad es atribución del Poder Ejecutivo Federal, por cuanto a éste corresponde declarar que en un caso concreto hay utilidad pública que amerita la adquisición forzosa de bienes vía la acción expropiatoria. Esta declaración de utilidad pública supone necesariamente dos momentos distintos dentro del procedimiento que le precede: en uno, la administración verifica la existencia concreta de una necesidad general o de un requerimiento social que exige satisfacción, es decir, advierte que se está en presencia de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 1o. de la Ley de Expropiación; en el otro, la autoridad identifica los bienes que por sus características o cualidades son indispensables para la satisfacción del interés social y que, por ende, deben ser objeto de la expropiación para ser destinado al fin que se persigue. De la conjunción de estos dos momentos, esto es, de la adecuación del bien a los requerimientos sociales del caso concreto dependerá la constitucionalidad del acto expropiatorio, pues sólo puede decirse que existe

 ⁵Disponible en:

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=175592&Semanario=0

utilidad pública cuando se explique razonadamente la necesidad de privar a una persona de sus bienes para afectarlos a un destino distinto.⁶

1. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE  CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

El artículo 27 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los  límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha  tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,  constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por  causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La ley de expropiación dispone en su artículo 2, que se consideran causas de  utilidad pública el establecimiento, explotación o conservación de un servicio  público; la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de  calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano;  el embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la  construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de  aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de cualquier obra  destinada a prestar servicios de beneficio colectivo; la construcción de obras de  infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de  bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de  cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales  aplicables; la conservación de los lugares de belleza panorámica, de las

 ⁶Disponible en:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=247802&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0

antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o  históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de  nuestra cultura nacional; la satisfacción de necesidades colectivas en caso de  guerra o trastornos interiores; el abastecimiento de las ciudades o centros de  población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los  procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias,  epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas; los  medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz  pública; la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos  naturales susceptibles de explotación; la equitativa distribución de la riqueza  acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con  perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular; la creación,  fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad; las  medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los  daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad; la creación o  mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida; los demás  casos previstos por leyes especiales.

Asimismo la Constitución Política de la Ciudad de México contempla supuestos en  sus artículos 15, 53 y 59 como lo son vulnerabilidad, resiliencia, prevención y  mitigación de riesgos, establecerá los mecanismos necesarios para garantizar  dichas compensaciones en los casos de responsabilidad de las empresas  inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos;  asuntos jurídicos, solicitar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por  considerarlo causa de utilidad pública, la expropiación o la ocupación total o  parcial de bienes de propiedad privada, en los términos de las disposiciones  jurídicas aplicables; Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, el

Gobierno de la Ciudad velará y dará puntual seguimiento a los procedimientos de  restitución y/o reversión de bienes afectados por decretos expropiatorios los  cuales hayan cumplido o cesado el objeto social para los que fueron decretados, o  haya fenecido la utilidad pública de los mismos, observando siempre las  formalidades de la Ley Agraria y su Reglamento y demás normas que regulen la  materia, a efecto de regresar dicha posesión a sus dueños originarios.

El Artículo 29, 30 y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en  relación con el Artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la  Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del  Congreso de la Ciudad de México, que establece como derecho de las y los  Diputados el iniciar leyes o decretos.

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los  artículos 20 Bis y 21 de la Ley de Expropiación.

1. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

Ley de Expropiación

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.  Congreso la siguiente Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 20 BIS y 21 de la Ley de Expropiación, para quedar  como sigue:

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la Cámara  de Diputados del H. Congreso de la Unión.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación  en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. En su oportunidad, de ser aprobada por el H. Congreso de la Unión,  remítase al Ejecutivo Federal para su promulgación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 27 de octubre de 2020.

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA